Enfado en CCOO Andalucía y enfado también en la federación andaluza de UGT con el decreto de la Junta de Andalucía que suprime decenas de trámites y controles medioambientales o urbanísticos.

No deja de ser llamativo que, unque fue presentado ayer en inusual rueda de prensa con la presencia de seis consejeros, el decreto todavía no ha sido publicado en el BOJA ni se conoce su contenido íntegro.

Ninguno de los dos sindicatos ha sido consultado por el Gobierno antes de aprobar el ‘superdecreto’, pero sí lo han sido los empresarios, como reconoció ayer el consejero de Hacienda Juan Bravo cuando desveló que la iniciativa se había llevado a cabo yendo “de la mano con el sector privado” .

Para UGT Andalucía, “el Diálogo Social en Andalucía brilla por su ausencia, a pesar de los intentos del presidente, Juanma Moreno, de ponerlo en marcha”, ya que “una vez más, la Junta ha aprobado un decreto, que modifica normativas sustanciales en materia de política social, medioambiental y de derecho público, sin haber si quiera consultado a los órganos pertinentes de participación ciudadana, como el Consejo Económico y Social”.

Así argumenta el sindicato que lidera Carmen Castilla sus reproches al Gobierno de PP y Cs: “Desde UGT-A llevamos años, pidiendo al Gobierno andaluz (a éste y a los de antes), que simplificara los trámites para agilizar la puesta en marcha de la actividad empresarial. Que era necesaria una coordinación eficaz entre administraciones, para poner en marcha una ventanilla única que permitiera al empresario centrarse en producir y ser competitivo, y así atraer inversiones a Andalucía y crear empleo".

Pero esto no significa –añade el comunicado sindical– "atraer inversiones a costa de nuestro medio ambiente, de abrir la vía a la posibilidad de construir sin control en nuestras costas, de permitir la apertura de nuevos campos de golf en zonas donde ya existe un grave estrés hídrico, o de liberalizar los horarios comerciales, sin tener en cuenta los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ni del comercio tradicional”.

En opinión del sindicato, el decreto ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva de Andalucía, que modifica 21 leyes y seis decretos, con cien medidas de liberalización de la economía, “supone el paso hacia un modelo neoliberal que desregulariza normas de control medioambiental, de ordenación del territorio, de gestión del agua, de prevención de riesgos laborales, de derechos de los trabajadores y trabajadoras, de privatización de servicios públicos esenciales para la ciudadanía como las radios y televisiones locales…”.

UGT-A considera que “se puede atraer inversión sin necesidad de desregularizarlo todo: la Junta sólo tenía que haber utilizado los órganos consultivos, algunos de obligado cumplimiento, cuyo estudio y valoración son preceptivos por ley, como el Consejo Económico y Social, donde UGT-A está representada junto a los otros agentes sociales”.

El sindicato pide al Gobierno que no inicie los trámites parlamentarios de este decreto ley “hasta que pase por los órganos de participación legal correspondientes”.