Sacrificó con "auténticas sesiones de exterminio" casi 2.200 animales, a los que suministraba menos producto eutanásico y de forma no profesional, lo que les provocaba una lenta y dolorosa agonía. Le piden cuatro años de prisión por ello en el juicio que hoy comienza en el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga. En el banquillo, la presidenta de la protectora Parque Animal de la localidad malagueña de Torremolinos.

En opinión del fiscal, la responsable de la protectora habría cometido los delitos continuados de maltrato animal e intrusismo profesional, por los que también acusa a un empleado de la institución. Desde principios de 2008 hasta octubre de 2010, ambos estuvieron sacrificando animales domésticos "sin que hubiese causa que justificase la muerte", salvo "la falta de espacio en el centro y la prioridad que la acusada le daba a sus fines privados". Considera el fiscal que la presidenta era la que "impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente", con la colaboración "imprescindible" del empleado, que se dedicaba a funciones de mantenimiento, limpieza de animales y dependencias.

Los "sacrificios masivos" se hacían, "sin control veterinario de ninguna clase, administrando la acusada de su propia mano los productos eutanásicos a los animales, sin tener los conocimientos precisos, suministrando dosis por debajo de lo indicado, pero suficiente para causar la muerte", con el objeto, "de ahorrar costes" y dedicar las instalaciones "con preferencia a los fines privados (de pago)", siempre según el relato del Minnsiterio Público. Así, se indica que supuestamente inyectaba los productos "de forma inexperta" y "sin sedación previa". "De esta forma se sometía a los animales a una lenta y dolorosa agonía, totalmente injustificada y conocida por los acusados, pues se retorcían de dolor a su vista durante horas", pone de manifiesto el ministerio público, exponiendo algunos casos concretos, en los que los dueños entregaron sus animales a la asociación para adopción, pero fueron sacrificados.

"Para llevar a cabo estas exterminaciones programadas, preferentemente a primeras horas de la mañana, se desconectaban las cámaras de seguridad del centro y se conectaba la música a la megafonía del centro a alto volumen, conscientes los acusados del gran alboroto que producían los alaridos de los animales al sacrificarlos de modo tan inhumano", dice el escrito de acusación fiscal.

Según la investigación, se calcula que de enero de 2009 a octubre de 2010 se habrían sacrificado unos 2.183 animales. Ambos acusados "carecían" en aquel momento la titulación necesaria. Además, la procesada, como tenía que adquirir grandes cantidades de productos eutanásicos, era ella "quien habitualmente firmaba las recetas a nombre de veterinarios supuestos o alteraba lo datos necesarios para sus fines".