El documento elaborado consta de tres partes, una introductoria con los antecedentes jurídicos para la creación y formación de la Comisión de expertos; en segundo lugar unas Consideraciones sobre el lugar objeto de análisis, y por último, las Recomendaciones. La primera impresión que produce su lectura es el respeto con que ha sido tratado el tema por parte de los autores del Informe, que han manejado diversas fuentes y documentos para constatar que más de 33.000 personas se hallan enterradas en ese lugar, que muchas de ellas, 12.410, están sin identificar, y que los restos llegaron entre 1959 y 1983, si bien la mayor parte lo hizo entre la primera de las fechas citadas y 1968. Asimismo, han comprobado el “grave deterioro” en el que se encuentra el monumento, construido por iniciativa de Franco y concebido como un lugar de “memoria excluyente”, a pesar de que entre los restos están los de muchos republicanos que fueron trasladados sin la oportuna autorización de sus familias. Ahora, se pretende que se convierta en un lugar de memoria de todas las víctimas, que según los firmantes supondría “un progreso moral de la convivencia” en nuestro país. El criterio con el que se mueven en esa parte es el de “conservar y explicar” el lugar, no sin señalar que en un lugar destinado a recordar la guerra civil, solo uno de los enterrados, el general Franco, no murió en la guerra civil.
Entre sus recomendaciones, que de llevarse a cabo ha de ser con “amplios consensos sociales y políticos”, se hallan la de detener el deterioro de las instalaciones; conservarlo como un lugar de memoria, con el mismo nombre que tiene hoy; instalar un centro de interpretación y fomentar la investigación de acuerdo con nuevos criterios; mantener la Basílica como lugar de culto, y atender las reclamaciones de los familiares de las víctimas, a pesar de la dificultad que representa en muchos casos la identificación de los restos. Y en cuanto a los dos personajes cuyo enterramiento ocupa un lugar destacado, recomiendan que el de José Antonio Primo de Rivera deje de gozar de esa ubicación preferente y sea considerado en plano de igualdad con las demás víctimas y que los restos de Franco sean trasladados “al lugar que designe la familia o, en su caso, al lugar que sea considerado digno y más adecuado”, y esto con el añadido de la necesidad de conseguir acuerdos parlamentarios y la autorización eclesiástica.
No obstante, es precisamente este último punto el que ha sido objeto de un voto particular por parte de tres miembros de la Comisión. No deja de sorprender que, tras manifestar su acuerdo completo con el resto del documento, expresen su discrepancia con este apartado. Entiendo que si se está de acuerdo en que debe ser un lugar de memoria de las víctimas de la guerra civil, y puesto que es un hecho evidente que Franco no pertenece a tal grupo, resulta incuestionable que no puede estar allí, y desde luego mucho menos con el argumento de que el traslado podría ser interpretado por algunos españoles como “una descalificación de un largo periodo de la historia de España”, mientras que para otros sería ingrato que se le rindieran honores de jefe de Estado.
No entiendo, desde las perspectiva del contenido global del documento, los argumentos de los tres discrepantes, si bien ahora todo estará en manos del nuevo gobierno, quizás todo sea enviado al cajón del olvido, y es muy probable que no se den argumentos políticos ni ideológicos, sino que todo se cubra con el manto de que no está la coyuntura para ocuparse de estas cuestiones, así que de nuevo será menospreciado un informe de científicos sociales, mientras que seguirán teniendo mucho más eco tantos y tantos informes económicos, por otra parte incapaces de hacernos salir del bache en el que nos hallamos.
* José Luis Casas Sánchez es Profesor de Historia
