Aulas, calor y campaña electoral son los ingredientes del nuevo menú de confrontación política del PP andaluz contra el gobierno de Sánchez. El PP pide a través del Parlamento fondos al gobierno Central para acondicionar las aulas de caras a las altas temperaturas. En algunos centros de Andalucía, docentes y alumnados conviven en aulas con hasta 35º de temperatura.
Sin embargo, a pesar de la demana de los populares, las competencias en la materia son de la Junta de Andalucía, lo que ha enfurecido a la oposición. Por su parte, la principal plataforma ciudadana que reclama mejoras en los centros educativos, denuncia que el PP no ha hecho nada para cumplir con la legislación andaluza, pionera en la materia.
El pleno del Parlamento andaluz ha instado al Ejecutivo central a transferir “lo antes posible” los fondos correspondientes a la Junta de Andalucía para un programa de cooperación territorial en bioclimatización de centros educativos del Estado.
Se trata de una proposición no de ley (PNL) del Grupo Popular. Los azules sacan pecho por los 167 millones de euros de inversión a través de 430 obras para bioclimatización y climatización pasiva, respondiendo a la Ley de 2020 que venía a propiciar reformas en confort térmico, en la calidad del aire y en infraestructuras bioclimáticas con energías renovables.
Sin embargo, la oposición acusa a los populares de instrumentalizar el Parlamento con “otra PNL electoralista”, haciendo además “gala de un profundo desconocimiento de las competencias“, ya que las competencias en la materia son únicas y exclusivas de la Junta de Andalucía, denuncian desde el PSOE–A. En la misma línea, Por Andalucía consideran "de traca" que, a pesar de contar la Junta con competencias y fondos Next Generation, reclame dinero al Estado.
Incluso, las críticas llegan desde la agrupación de extrema derecha Vox que, aunque apoya la PNL, afeó a los populares que no han cumplido “sus deberes como debiera, y ahora viene con una excusa".
La batalla de cada inicio de verano
Andalucía es la comunidad que gestiona, por volumen y extensión la mayor comunidad educativa de España, con más de 150 mil docentes y alrededor de dos millones de alumnos. Pero los colegios e institutos carecen de sistemas de climatización y mecanismos para preservar la calidad del aire y la ventilación, lo que se puso de manifiesto durante la pandemia y se evidencia cada vez que sube el mercurio.
Andalucía cuenta con más de 7.000 centros docentes, por lo general, carecen de sistemas de ventilación y climatización. La comparación es odiosa, porque cualquier oficina de la Administración, por ejemplo, tiene que contar obligatoriamente con estos mecanismos cuando, en las aulas, se alcanza una mayor concentración humana y más altas temperaturas.
Esta asimetría viene siendo denunciada desde hace años por la plataforma Escuelas de Calor, la entidad que canaliza las reivindicaciones de cientos de AMPAS desde hace años y que fue clave en la aprobación de una Ley pionera, la de Bioclimatización de los Centros Educativos Públicos.
La portavoz de la plataforma destaca el “cinismo, oportunismo y la poca vergüenza de Moreno Bonilla” al exigir ahora al Ejecutivo fondos, “cuando llevan tres años sin hacer nada, más que parcheo”, en referencia a los Planes anuales de climatización de la Junta. Echa en falta que el gobierno andaluz cumpla y desarrolle “verdaderamente” una Ley que aún carece de un “reglamento específico o fondos propios”.
La casa por el tejado
Le Ley andaluza fue pionera para el acondicionamiento de los espacios docentes. No solo hacía referencia al calor o frío extremo que se alcanza en las aulas, sino al acondicionamiento bioclimático de los patios con construcciones pasivas. Mejores materailes, diseño de sombra, reverdecer los patios, entre otras variables.
“Pero no han hecho nada, solo invertir en medidas que se quedan a medio camino”, denuncia Teresa Pablos, en referencia al sistema de refrigeración adiabática y a los paneles fotovoltaicos que sí ha instalado la Junta de Andalucía.
Gran parte de los centros de educación incumplen la Normativa de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), que clasifica a las aulas la segunda de las cuatro categorías que clasifican la calidad del aire. Pero el incumpliemiento es general, no tanto por las altas temperaturas, sino por la concentración de CO2.
Respecto al calor, la legislación establece una margen de temperatura de entre 17º y 27º. Sin embargo, en las aulas andaluzas esas temperaturas se rebasan con facilidad a partir desde abril a septiembre
La respuesta de la Junta está siendo tardía, pero también ineficiente, de cara responder al calor. La Junta está empezando la casa por el tejado, con mecanismos que no solucionan el problema, como es la instalación de refrigeración adiabática. Se trata de un sistema que solo permite la bajada de temperaturas ambientes en 2º ó 3 º, además apoyándose en un uso de bien escaso como es el agua. Por otro lado, es un sistema que, en regiones con humedad como las costeras, es inútil.
Por otro lado, la Junta de Andalucía está aprovechando fondos europeos para la instalaciones de paneles fotovoltaicos (hasta ahora, una superficie de 86 mil metros cuadrados). El fomento de las placas solares tiene que ver con el hecho de que están fuera de la regulación de la RITE. Es decir, para reformar un espacio educativo habría que cumplir con el reglamento e instalar los sitemas de ventilación, una obra mucho más costosa que es sustituida por las placas solares, “a todas luces, es un parcheo claramente”, apunta Pablos.
El mismo calor que sirve al PP para deslegitimar las próximas elecciones generales no sea una prioridad a solucionar en las alas y se quede en otra arma arrojadiza del PP andaluz contra el gobierno de Pedro Sánchez.
