“A las ocho de la mañana todos los inmigrantes son pocos, a las ocho de la tarde sobran todos” (Juan Enciso, año 2000). El exalcalde de Ejido primero con el PP y luego con PAL puede que recordara más de una vez esta frase suya durante los varios meses que permaneció en prisión provisional compartiendo celda con un inmigrante marroquí.
El ‘héroe’ vecinal de los sucesos racistas de febrero de hace 20 años es desde hace más de una década un ídolo caído tras su detención acusado de graves cargos de corrupción.
Hoy, 3.734 días después de aquella detención, Juan Enciso, alias ‘el Chato’, se sienta en el banquillo junto a otras 48 personas y 26 entidades para quienes la Fiscalía pide un total de 1.549 años de cárcel y fuertes indemnizaciones.
Baldosas a precio de oro
Para el exalcalde y para el exinterventor José Alemán, supuesto cerebro de la trama, solicita 64 años (para cada uno). Este último se habría apoderado, entre 2002 y 2009, de 7,5 millones de euros en "comisiones ilegales" a través de una "sociedad pantalla".
La presunta trama de corrupción política y empresarial –cuyo epicentro operativo era la empresa mixta Elsur, participada por el Ayuntamiento de El Ejido y la multinacional Abengoa– habría detraído de las arcas públicas del consistorio más de 70 millones de euros entre los años 2002 y 2009, un periodo durante el cual la red giró al Ayuntamiento facturas por un total de 232 millones de euros.
Elsur, que manejaba el 40 por ciento del presupuesto municipal, pagaba o bien facturas infladas hasta la caricatura (2.100 euros por reparar una baldosa o 3.000 euros por cambiar una bombilla) o bien falsas, sobre todo, a los empresarios Juan Antonio Galán y José Amate.
Un largo recorrido judicial
El recorrido judicial del mayor escándalo de corrupción institucional desvelado hasta ahora en la provincia de Almería, el denominado caso Poniente, entraba en su penúltima recta en noviembre de 2019 cuando el fiscal formulaba su escrito en el que acusaba a ese medio centenar de personas de urdir una trama cuyo propósito habría sido este: apropiarse de dinero público procedente del Ayuntamiento de El Ejido mediante sobrefacturaciones a la empresa de servicios Elsur y a través del cobro de comisiones ilegales por la concesión de contratos municipales.
En julio de 2017 se conocían las peticiones de la Abogacía del Estado, que reclamó 49 años de cárcel para Enciso. El abogado del Estado entendía que 35 de los imputados en el caso habrían sido, entre los años 2003 y 2009, partícipes en decenas de delitos fiscales eludiendo el pago del IVA y el IRPF.
El Ministerio Público, por su parte, atribuye al medio centenar de acusados la comisión de unos 360 delitos entre malversación, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho activo y pasivo, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y blanqueo de capitales.
También están acusados una serie de directivos de Abengoa, multinacional hoy en crisis que era la principal accionista de la empresa mixta Elsur, y a la que el fiscal señala como el origen de toda la trama cuyo propósito era engordar el canon que obtenía del Ayuntamiento a través de Elsur y, además, incrementar su beneficio defraudando a Hacienda.
Del PP al PAL
Conocido por haber justificado públicamente los graves disturbios contra inmigrantes ocurridos en El Ejido en febrero del año 2000, ‘el Chato’ era una máquina de ganar elecciones para el PP hasta que se enfrentó al partido tras las elecciones de 2003, que tabmién había ganado con una mayoría aplastante.
El origen del enfrentamiento orgánico fue el intento de Enciso de hacerse con la dirección provincial en contra del criterio de Javier Arenas y del hombre fuerte del partido en Almería, Gabriel Amat. En mayo de 2005, la formación entonces dirigida por Arenas acordaba la suspensión de militancia y la apertura de un expediente de expulsión.
Enciso abandonó el PP, pero no lo hizo solo: los 18 concejales del partido de Ejido dimitieron con él, con lo cual el PP perdía un municipio que llevaba 14 años gobernando. Poco después, Enciso fundaría su propio partido, el PAL (Partido de Almería), y en 2007 renovaría mandato como alcalde, aunque en 2009 tuvo que dejar el cargo al entrar en prisión.
En las municipales de mayo el PP logró 9 concejales y Vox sumó 7, pero en las legislativas del pasado 10 de noviembre el partido ultra fue el más votado, con en el 30 por ciento de las papeletas.
El modus operandi
Uno de los principales beneficiarios de la sobrefacturación, bien con precios "abusivos" o por "servicios inexistentes", a la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) habría sido el empresario sevillano José Amate, que creó un entramado societario con el que saqueó presuntamente a las arcas públicas 24,7 millones de euros cuyo "destino final fue dirigido" al patrimonio de la familia y a financiar un negocio inmobiliario de notable envergadura.
Así lo indicaba el auto de procesamiento dictado el 20 de junio de 2016 por el Juzgado de Instrucción 2 de Almería, cuyo titular, el juez Jesús Miguel Hernández, situaba al denominado Grupo Amate en la cúspide de aquellos a los que revirtió del dinero defraudado a Elsur y al Ayuntamiento de El Ejido, seguido del Grupo Abengoa, socio mayoritario y privado de la empresa mixta municipal que habría facturado por servicios inexistentes 16,5 millones de euros y del Grupo Galán, liderado por el empresario José Antonio Galán, con 15,6 millones de euros de supuesta sobrefacturación.
Según el auto, el Grupo Amate se constituyó con ocho sociedades instrumentales que actuaron como subcontratas de Elsur y otras cuatro, calificadas como patrimoniales o de supuesta dirección y gestión, que no facturaron la empresa mixta y que, supuestamente, habrían canalizado el dinero procedente de la sobrefacturación al patrimonio de la familia y al negocio inmobiliario.
Todo queda en casa
Según el juez, las sociedades subcontratadas facturaron a Elsur un total de "53 millones de euros" mientras que los gastos de personal ascendieron a 19 millones de euros, de lo que el magistrado instructor concluía que eran "meras subcontratas de personal que utilizaban las oficinas, vehículos, maquinaria, herramientas, e, incluso, los propios trabajadores de Elsur".
Entre los hechos que mostraban que el dinero público habría revertido en el patrimonio de la familia Amate, desgranaba el auto la compra, mediante sociedades instrumentales, de varios inmuebles en Sevilla o, más curioso, que las mercantiles del grupo se hicieron cargo de los gastos del enlace matrimonial de la hija del cabecilla. En concreto, se imputaron 8.437,10 euros a cuatro subcontratas hasta un total de 33.748,31 euros que obedecían, según la investigación, "al pago del banquete de boda, que fue fraccionado en partes iguales".
Reformas en la Audiencia
Para la vista oral se han adaptado las dependencias de la Audiencia Provincial de Almería a fin de dar cabida en sala a los acusados, sus 28 abogados, la acusación particular, la Fiscalía y el tribunal.
El juicio ha obligado a la realización de obras en la segunda planta del Palacio de Justicia de Almería durante el pasado verano a fin de que tanto los acusados como sus representantes pudieran estar presentes en la sala de vistas.
Las defensas van a contar con esta primera sesión para exponer numerosas cuestiones previas, aunque en su mayoría coincidentes, sobre las que debe resolver el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. El interrogatorio de los acusados comienza el 30 de marzo y se prevé que la vista oral concluya en el mes de julio.
