Nuevas noticias judiciales sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). En un auto dictado el pasado 13 de enero, el juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue los contratos de 84 personas que desempeñaron puestos directivos o de nivel E en la Faffe y más tarde pasaron al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), cuando la fundación fue extinguida en 2011.
Entre esas 84 personas figuran exalcaldes, como el de Lebrija Antonio Torres, y familiares de dirigentes socialistas, como la mujer del líder del PSOE-A, Juan Espadas.
El juez instructor quiere saberlo todo sobre esos contratos, de los que serían beneficiarias personas próximas a altos cargos de la Junta o dirigentes del Partido Socialista cuando la gobernaba: el tiempo que cada una de esas personas estuvo contratada, las fechas de contratación, las tareas que realizaban, el registro horario de asistencia al trabajo, los aspirantes a cada uno de los puestos o los criterios de selección de los mismos.
Como se sabe, la otra gran causa judicial sobre la Faffe es la que atañe a su exdirector Fernando Villén, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de seis años de cárcel por delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad documental. Villén gastó más de 32.000 euros de fondos públicos de la Faffe en prostíbulos andaluces.
