El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla vuelve a generar controversia por la gestión que ha desarrollado a lo largo de estos años de diversos asuntos. En esta ocasión, la atención se centra en el canon del agua y la financiación de las infraestructuras de depuración en Andalucía. Concretamente, la polémica surge por la decisión del Ejecutivo andaluz de desviar los fondos procedentes de este impuesto, pensados para mejorar el tratamiento de aguas residuales, para dedicarlos a otras acciones. Este movimiento llega en un contexto marcado por sanciones millonarias, advertencias reiteradas de las instituciones europeas y un discurso político que ha virado de forma significativa en apenas dos años.
Hace cuatro años, en el 2022, el presidente andaluz optó por derogar el canon del agua al considerarlo un “fraude” para los ciudadanos. Aquella medida se enmarcó en una estrategia política centrada en la reducción de impuestos y la simplificación administrativa, una de las banderas del Gobierno autonómico que siempre ha ondeado Moreno Bonilla. Sin embargo, apenas dos después, el Ejecutivo rectificó y reimplantó esta tasa en 2024. No solo eso, sino que lo incrementó en un 30%, elevando la recaudación hasta los 179,4 millones de euros frente a los 156 millones previos a su supresión. Este giro que se llevó a cabo no solo contradecía el discurso inicial, sino que además aumentó la carga económica sobre los usuarios sin que se haya traducido en mejoras sustanciales en el sistema de depuración.
La finalidad del canon es clara, ya que, según establece la norma, está pensado para financiar infraestructuras hidráulicas que permitan cumplir con la normativa europea en materia de tratamiento de aguas residuales. No obstante, la reciente modificación normativa aprobada por la Junta permite destinar estos fondos a actuaciones distintas, como la reparación de daños causados por temporales. Esta decisión ha generado críticas al considerar que se desvía dinero finalista mientras persisten graves carencias estructurales en el saneamiento. Es más, se produce en un marco que en los últimos años ha llevado a la UE y distintos organismos reguladores ha dictaminar numerosas sentencias y realizar sendas advertencias por las deficiencias en el tratamiento de las aguas, por las que la Junta de Andalucía acumula multas millonarias.
Las consecuencias de esta gestión son tangibles. España, las comunidades autónomas y los ayuntamientos acumulan multas millonarias por incumplir la directiva comunitaria sobre tratamiento de aguas residuales, una situación confirmada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras una sentencia que señalaba deficiencias en decenas de núcleos urbanos, incluidos numerosos municipios andaluces. Estas sanciones no son simbólicas, pues suponen un impacto directo en las arcas públicas.
Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el Estado paga cada semestre más de un millón de euros por los incumplimientos en Barbate (Cádiz) y cerca de 745.000 euros por Matalascañas (Huelva). A estas cifras se suman los más de 634.000 euros semestrales que abona la Junta de Andalucía por el caso de Alhaurín el Grande (Málaga) o los 687.016 euros que paga Canarias por Valle de Güímar (Santa Cruz Tenerife). En total, desde 2018, las distintas administraciones han desembolsado más de 84 millones de euros en sanciones, una cifra que podría alcanzar los 100 millones al finalizar la década si no se corrigen las deficiencias.
El problema, además, se traslada al ámbito local. Numerosos ayuntamientos se enfrentan a expedientes sancionadores por vertidos, aunque en muchos casos alegan que la responsabilidad recae en la Administración autonómica por no haber ejecutado las infraestructuras necesarias. Esta postura ha encontrado respaldo en el Tribunal Supremo, cuya jurisprudencia reciente abre la puerta a eximir de responsabilidad a los municipios cuando la falta de medios técnicos deriva de la inacción autonómica.
Así, la gestión del canon del agua por parte del Gobierno de Moreno Bonilla plantea un escenario complejo. Por un lado, se incrementa la recaudación a los ciudadanos. Por otro, se mantienen las carencias estructurales que originan sanciones millonarias. El desvío de fondos destinados a depuración agrava esta contradicción y expone a Andalucía a nuevas condenas económicas.
