El Gobierno de Moreno Bonilla lleva toda la legislatura incumpliendo una sentencia de enero de 2022 en la que obligaba a facilitar a la Administración pública andaluza información detallada de cómo y cuánto contrata con cada medio de comunicación. Esta fue una sentencia que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 de Sevilla realizó a raíz de una petición de información de ElDiario.es y el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA).

El motivo fue que tanto el Consejo como dicho diario digital solicitaron a la agencia de información con la que se adjudican dichos contratos publicitarios, a su vez contratada por la Junta de Andalucía, información sobre las cantidades que se destinan a cada medio de comunicación. Esta empresa que gestiona las partidas de publicidad institucional se escudó en que no facilitaba dichos datos por secreto empresarial. 

Esto ocurrió en 2021, cuando la empresa que gestionaba las partidas era M&C Saatchi Madrid. Aunque primero, el desglose por medios de comunicación e importe se reclamó, por parte del Consejo de Transparencia, a la Dirección General de Comunicación Social, que depende de la Consejería de Presidencia, pero estos remitieron a la agencia. Es una forma, por parte de la Junta de Andalucía, de poner una pantalla a las cantidades que invierte en cada medio de comunicación.

La sentencia estimaba, sin embargo, que sobre ese supuesto derecho a la confidencialidad empresarial de la empresa, prevalece el "derecho a la información sobre gasto en publicidad institucional, incluida la información denegada sobre gasto desglosado” por cada medio. “Máxime cuando la agencia no discute que en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento contractual equivalente asumió la obligación del artículo 4 de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía de suministrar la información relativa a la publicidad institucional como adjudicataria de un contrato del sector público”.

Un aumento del 140% en gasto de publicidad institucional

Según Público, la Junta de Andalucía habría incrementado un 140% su gasto en publicidad institucional, ayudas y convenios en materia de actividad promocional y publicitaria desde que llegara al Gobierno en 2019. De hecho, expresa la propia información, el gasto seguramente sea mayor del que se ha podido establecer consultando las resoluciones en este tipo de gasto de las diferentes consejerías y organismos dependientes de la Junta, ya que esta propia Administración no facilita ningún otro tipo de información. Tampoco cuántos contratos menores y a dedo adjudican para distintas partidas publicitarias en medios de comunicación, que en este caso están contemplados con un gasto inferior a 30.000 euros.

Desde que accedieran al Gobierno hasta 2025, la contabilidad alcanza al menos unos 286,4 millones de euros en este tipo de gasto. Esto hace que la media sea de 46,2 millones de euros al año. Obviando todo tipo de contratos que se hayan podido realizar al margen de lo ya explicado. Un gasto que duplica en casi 2,5 la inversión realizada por el anterior Gobierno en el cargo, el de Susana Díaz, que dedicó de media unos 19.3 millones de euros por ejercicio.

Precisamente, el Gobierno socialista de Susana Díaz en 2017 aprobó un Decreto a través del cual se impusieron unas obligaciones extra en materia de transparencia para este tipo de gastos. Un decreto, el 96/2017, de 27 de junio, por el que se regula la coordinación de la estrategia de imagen institucional de la Administración de la Junta de Andalucía, que el Gobierno de Moreno Bonilla también ha incumplido constantemente.

Casi 30 millones más en 2026

Asimismo, el gobierno de Moreno ha adjudicado un contrato publicitario de 25,5 millones de euros a la agencia Carat SA, perteneciente a la multinacional japonesa Grupo Dentsu, para llevar a cabo su campaña institucional, según denunció El Libre. Un desembolso millonario de dinero público cuyo objetivo principal es promocionar la gestión de Moreno en este 2026, año electoral.

La principal polémica de esta adjudicación radica en el historial de la empresa contratada, que fue previamente sancionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La Audiencia Nacional confirmó que Carat España participó activamente en un cártel de agencias de medios entre los años 2014 y 2016 para repartirse de forma ilícita los contratos de publicidad institucional, precisamente durante los años de Mariano Rajoy al frente del Gobierno de España. Esta conducta, tipificada como una infracción muy grave, le supuso a la compañía una multa de 4 millones de euros.

A pesar de estos graves antecedentes nacionales y de que la matriz del grupo (Dentsu) también ha estado involucrada y condenada judicialmente por escándalos de corrupción internacional -como el amaño de contratos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020-, la adjudicación en Andalucía se llevó a cabo mediante la opaca modalidad de "negociado sin publicidad". En total, se calcula que el Grupo Dentsu ha logrado acumular contratos recientes con la administración de Moreno Bonilla por un valor estimado de más de 29 millones de euros.