Los grupos parlamentarios de la oposición en el Parlamento de Andalucía han registrado este martes una solicitud formal para la creación de una Comisión de Investigación sobre la gestión del sistema de detección precoz de cáncer del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La petición se ampara en el artículo 52 del Reglamento de la Cámara y en el artículo 106 del Estatuto de Autonomía, que otorgan al Parlamento la facultad de controlar la acción del Gobierno y crear comisiones de investigación sobre asuntos de interés público.

El escrito, firmado por varios grupos, denuncia una “lógica alarma social” generada en la comunidad tras conocerse que mujeres participantes en el programa de cribado de cáncer de mama —aquellas que requieren una segunda prueba tras una primera mamografía no concluyente— no han sido citadas de nuevo o han sufrido retrasos de meses e incluso años, comprometiendo su salud e incluso su vida.

Según el documento, asociaciones de afectadas han denunciado que algunas mujeres “han perdido pechos o incluso la vida” por la falta de seguimiento médico tras una primera sospecha no confirmada.

El origen del escándalo: un fallo que salió a la luz por las propias afectadas

El escándalo del cribado del cáncer de mama en Andalucía estalló hace semanas, cuando varias asociaciones de pacientes —entre ellas AMAMA (Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla)— empezaron a recibir testimonios de mujeres que, tras someterse a una mamografía con resultados no concluyentes, no fueron citadas para una segunda prueba durante meses o incluso años.

Algunas de ellas descubrieron que sus tumores habían avanzado de forma irreversible durante ese tiempo de espera. Otras, directamente, no fueron informadas de que su resultado inicial generaba sospecha, bajo el argumento de que “no hacía falta alarmarlas”.

El caso se viralizó tras la denuncia pública de varias pacientes y la posterior cobertura mediática, que obligó al Gobierno andaluz a reconocer fallos en el sistema de citaciones del programa de cribado. La Junta llegó a admitir que alrededor de 2.000 mujeres podrían haberse visto afectadas, aunque en un primer momento se habló solo de “tres o cuatro casos aislados”.

Desde entonces, los sindicatos médicos, asociaciones de pacientes y partidos políticos han exigido explicaciones sobre cómo se gestionó un error de tal magnitud en un programa que, según los protocolos del propio SAS, debe garantizar la cita para una nueva mamografía en un máximo de 15 días tras un resultado dudoso.

Una respuesta “opaca y contradictoria” del Gobierno andaluz

Los grupos firmantes acusan al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla de mantener una estrategia de “desinformación y negacionismo”, en lugar de ofrecer explicaciones claras ante el problema. Según el texto, la Junta “ha transitado desde el negacionismo, afirmando que se trataban de tres o cuatro casos, hasta reconocer que la situación afecta a 2.000 mujeres”.

La oposición subraya que el Ejecutivo autonómico ha ofrecido versiones contradictorias sobre las causas del fallo: primero, argumentando la falta de autorización para acceder a historiales clínicos y, posteriormente, atribuyendo el problema a una “disfunción de los sistemas informáticos” del SAS.

Particularmente polémicas han resultado las palabras del propio presidente Moreno, quien justificó la falta de comunicación a las pacientes bajo la premisa de evitarles “ansiedad”. Para los grupos solicitantes, esta afirmación implica “un incumplimiento de la legislación estatal y autonómica”, que reconoce el derecho de los pacientes a ser informados sobre cualquier aspecto relacionado con su salud. “Moreno Bonilla, al afirmar que se oculta a las mujeres el resultado de la primera mamografía para no generarle ansiedad, admite que su gobierno incumple la ley”, advierte el texto, que reclama depurar las responsabilidades políticas derivadas de esa supuesta instrucción.

La solicitud plantea que la futura comisión determine “el alcance numérico y territorial” de las mujeres afectadas, y que se analice cómo se extendió esta práctica dentro del SAS. Además, pide esclarecer si la situación afecta también a otros programas de detección precoz, como los de cáncer de colon o cérvix, ante el silencio del Gobierno andaluz y la falta de transparencia en los requerimientos parlamentarios.

La iniciativa solicita asimismo investigar “si esta práctica ha alcanzado a las tres personas que han ocupado la Consejería de Salud durante los dos últimos mandatos” y por qué se ignoraron las alertas emitidas por asociaciones como AMAMA, sindicatos y profesionales sanitarios, que habrían advertido del incremento de fallecimientos por cáncer de mama en la comunidad.

Un clima de indignación social y el reto de recuperar la confianza en el sistema sanitario andaluz

La propuesta llega en un momento de creciente indignación social y movilización de colectivos de mujeres. Las asociaciones de pacientes han denunciado “meses de silencio e inacción” por parte de la administración autonómica y reclaman reparaciones urgentes y medidas efectivas para restablecer la confianza en el sistema público.

El documento parlamentario insiste en que el Parlamento debe ofrecer “una explicación veraz y completa” sobre las causas de este “fallo estructural” y adoptar medidas para “no perjudicar más aún la salud de las mujeres afectadas”.

Los grupos impulsores concluyen que la creación de una Comisión de Investigación sobre la gestión del sistema de detección precoz del cáncer es una cuestión de “urgencia democrática y sanitaria”.

El objetivo, sostienen, es “esclarecer la gestión del SAS, conocer los motivos que han provocado esta situación y depurar las responsabilidades políticas” que puedan derivarse. Mientras tanto, las asociaciones de afectadas, profesionales sanitarios y parte de la oposición insisten en que la prioridad debe ser garantizar que ninguna mujer más quede sin diagnóstico o seguimiento, y que el sistema público recupere la transparencia y la confianza que esta crisis ha puesto en entredicho.

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