La cordura predomina y el palacio de San Telmo en Sevilla deja atrás la minicrisis con el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera. El gobierno de Moreno Bonilla pacta con el Ejecutivo una modificación legislativa que solo tendrá que pasar por el Consejo de Gobierno andaluz. Evita así la posibilidad que el propio nuevo decreto de la Junta acababa de abrir: que suelos forestales de Doñana pasen a ser cultivables.

El polémico artículo del decreto autonómico de simplificación administrativa sobre suelos forestales y su posible reconversión a hectáreas cultivables quedará definida y limitada con una nueva redacción del decreto. El acuerdo alcanzado este miércoles no contempla la normalización de los cultivos que están fuera del Plan de ordenación del territorio con carácter retroactivo. Tampoco podrán ser de uso agrícola las hectáreas que estén en montes públicos, o catalogadas de utilidad o dominio públicas.

El incendio ha quedado en mero conato tras una reunión telemática –que había sido amenaza de cancelación–entre el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y los consejeros andaluces de Presidencia, Antonio Sanz, y Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco. Las anteriores ocasiones en las que la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla había activado la confrontación con el Miteco, esgrimiendo la defensa de los intereses de los agricultores del entorno de Doñana, había sido siempre a las puertas de varios procesos electorales.

Los tira y afloja habían marcado la semana desde que el lunes los socialistas denunciaron que uno de los artículos del decreto ómnibus de la Junta permitía declarar como hectáreas de cultivo a terrenos forestales en la Corona Norte de Doñana, algo que en decenas de ocasiones, el portavoz de la Junta había rechazado que harían.

La Junta desmintió inicialmente que la reforma legislativa posibilitara la transición de forestal a cultivable. Desde San Telmo se ha asegurado que simplemente estaban trasponiendo la normativa estatal que afecta a suelos forestales a ámbito autonómico. No obstante, ahora reescribirán su propia Ley aprobada en el Parlamento andaluz, pero que se modificará en Consejo de Gobierno con efectividad desde el 17 de febrero.

En concreto, el artículo 242 mantendrá su posicionamiento, pero añadiendo las cuatro excepciones que imposibilitan la transición de suelo forestal a cultivos. Además, se especifica negro sobre blanco que no habrá retroactividad ni amnistía para los suelos que habían pasado a suelo agrícola antes del 17 de febrero de 2024.

Sin confianza en la Junta

Los gabinetes de comunicación de ambas administraciones han agradecido el tono y la cordialidad que alarga el entendimiento que Moreno Bonilla y Teresa Ribera escenificaron ante un nuevo horizonte para Doñana. El Pacto de Doñana ha superado un nuevo atisbo de crisis por culpa del decreto de simplificación administrativa.

Sin embargo, cabe preguntarse si la modificación legal de la Junta ha sido un despiste. ¿Qué habría pasado si nadie hubiera alertado sobre la redacción de un artículo inmerso en un extensísimo decreto ómnibus de 1.900 folios de expediente que altera 176 normas ? Probablemente, muchos agricultores ilegales habrían normalizado sus tierras.

Desde las filas socialistas en la oposición, que alertaron de las consecuencias de la reforma legal del PP, han reaccionado al acuerdo. El secretario general del PSOE–A, Juan Espadas, ha valorado la “rectificación en toda regla” de la Junta sobre los “artículos que querían colar” y que posibilitarían recalificar suelos forestales a agrícolas en Doñana, “hemos conseguido evitar, por segunda vez, que el PP abra la puerta a una nueva amenaza a este espacio natural”, dice Espadas.

Desde el colectivo ambientalista WWF, que también había pedido la paralización de la reforma legal de la Junta por no darse la situación “extraordinaria y urgente necesidad” para reformar la normativa forestal vía decreto ley, señalan la “gran deslealtad” de la Junta para con el Pacto de Doñana.

Juanjo Carmona, responsable de WWF para Doñana, afirma que la rectificación de la Junta ante las presiones externa confirma que buscaba “favorecer a los ilegales”, culpa a los de Moreno Bonilla de generar confusión al quebrar el principio de no regresión ambiental, dada la retroactividad que podría haberse aprobado, “de cara al futuro se requiere un cambio para que se pueda tener confianza” en la Junta, ha valorado Carmona.

Desde la Junta, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha ensalzado su decreto en sede parlamentaria, afirmando que posibilita una Administración más “ágil, rápida y segura” para la ciudadanía y tejido empresarial. No apuntó a en esa alocución a la sostenibilidad de Doñana. Quizás otro desliz de redacción.