El Gobierno ha suspendido el pacto que tenía con la Junta de Andalucía, dirigida por el Partido Popular de Juanma Moreno Bonilla, para solventar el conflicto con los agricultores de la fresa que llevaron a cabo regadíos ilegales en el Parque de Doñana, llevando el acuífero del mismo por encima de sus posibilidades. El acuerdo, que originalmente estaba cifrado en 350 millones de euros, ha perdido la aprobación del Ministerio para la Transición Ecológica después de la incorporación de una "reforma legislativa exprés" del Ejecutivo de Bonilla, con el objetivo de 'amnistiar' a algunos freseros ilegales que cultivan en el entorno del parque nacional. Previsto para su aplicación esta semana en el Parlamento andaluz, la cartera de Teresa Ribera asegura que el marco previo a noviembre sigue en pie, pero que los nuevos puntos serán bloqueados.

Así se ha pronunciado la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta del Gobierno en rueda de prensa. "Mañana teníamos una jornada prevista con ayuntamientos, centros académicos y agricultores para conversar de los términos exactos sobre las medidas acordadas en noviembre y ahora llamaré al presidente andaluz porque la voy a suspender. Estoy sorprendida y lo lamento profundamente. Por ahora cautela, pero suspendo la jornada de mañana", ha avanzado Ribera.

"Me preocupa lo que he visto, publicado ya en un diario oficial. Para Moreno Bonilla, el acuerdo por Doñana era bastante importante, no sé si ha habido un malentendido por el camino, pero el decreto ley que nos encontramos por sorpresa nos hace pensar que es necesaria la cautela sobre lo ocurrido. De un día para otro, se ha producido una legalización retroactiva de usos agrarios en suelo forestal", ha desvelado. En este sentido, la parte jurídica del Ministerio está estudiando la reforma que ha propuesto la Junta andaluza.

Amnistía a freseros ilegales

La pasada semana, la Junta de Moreno Bonilla decidió posibilitar el perdón a algunos de los freseros de Doñana, de tapadillo y sin publicidad. En concreto, con tres párrafos de palabrería perdidos en un enorme decreto ley de 600 páginas y un expediente de 1.927 folios. Así, el Ejecutivo andaluz ha reformado su ley forestal para que los agricultores de frutos rojos en el entorno de la reserva natural de Doñana campen a sus anchas, y también aplica a cualquier otra zona de la comunidad autónoma.

Este decreto ley suscitó gran polémica la pasada semana, ya que se presentó con un plazo exprés de siete días. "Esto es una cacicada, así no se puede trabajar", le afeó la oposición al Partido Popular tras la presentación del extenso texto y el poco tiempo que se daba para su consulta, debate y aprobación, prevista para este miércoles en Pleno parlamentario.

Ante la reacción de Ribera, que ha amenazado con suspender el acuerdo y su reunión con Moreno Bonilla, el máximo representante del PP andaluz ha abierto la puerta a dar un paso atrás. "La Junta no actúa en este caso unilateralmente ni de espaldas a nadie. Por parte del Gobierno de Andalucía, no existe ningún problema en sentarnos con el Ministerio, escuchar su propuesta y buscar una fórmula para la redacción del artículo. Tardaremos dos minutos en ponernos de acuerdo", han argumentado fuentes de su entorno.

El macrodecreto exprés: 600 páginas por la vía rápida

El citado decreto ley, que contiene los párrafos que han hecho saltar las alarmas en Transición Ecológica, fue colgado el pasado martes en el Portal de Transparencia y generó un sinfín de reticencias entre los grupos de la oposición, que sospechaban que, entre tanta montaña de texto, el Gobierno andaluz estaba tramando algo. "Así no se puede trabajar. Apelo a la sensatez y a la honestidad política del PP. Sólo hay una manera de tramitar esto: como proyecto de ley. No se puede hacer esta cacicada", argumentó la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ante el inabarcable volumen del texto para un plazo tan limitado.

Por su parte, el Gobierno alertó a la Cámara de la rectificación de algunos puntos porque se detectaron errores. La oposición, por su parte, solicitó que se pospusiera su debate porque aún hay tiempo para su convalidación, con treinta días de plazo, además de exigir que se tramite como proyecto de ley, de tal forma que los grupos puedan enmendarlo o proponer cambios. Los 'populares' se han negado a ambas peticiones, a pesar de que el texto no corre riesgo alguno dada la mayoría absoluta de los de Moreno Bonilla. 

El decreto ley lleva por título y objeto la "adopción de medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la administración pública de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía". Su entrada en vigor está pendiente de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), y la Junta ya ha puesto en marcha una campaña publicitaria que ha llamado Plan As ("Andalucía simplifica").

El decreto afecta a todos los sectores productivos de la comunidad y supone cambios, de golpe, a 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes. Entre toda la literatura y grosor de la medida, se encuentra esta 'amnistía' a los agricultores en suelo protegido que ha hecho que Teresa Ribera tenga que salir a anunciar que el acuerdo se rompe. Está por ver cuál es el desenlace de estas tensiones, y si se da el acercamiento pertinente entre el líder andaluz y la ministra para reconducir el pacto.

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