El presidente del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, está un paso más cerca del banquillo: la Fiscalía de Sevilla ha remitido a la Fiscalía Superior de Andalucía las diligencias penales en las que viene investigando "un presunto delito contra la hacienda pública mediante un fraude en la solicitud de subvenciones públicas".
Aunque nominalmente sigue siendo el presidente del grupo parlamentario, Serrano dejó hace muchos meses de ser el referente político y parlamentario de la bancada de ultraderecha, donde quien ejerce las funciones de liderazgo es su portavoz Alejandro Serrano.
El origen del ostracismo de Serrano estuvo vinculado a sus manifestaciones públicas de menosprecio de las mujeres a raíz de la primera sentencia contra ‘La Manada’, a lo que se sumaría más tarde el caso que investiga la Fiscalía.
Hace siete meses, una nota oficial de la Fiscalía Provincial de Sevilla informaba de que el Ministerio Público había iniciado “la incoación de diligencias de investigación que tienen por objeto la posible existencia de un fraude de ayudas públicas obtenidas por una sociedad en la que, juntamente con al menos otra persona física, aparecería como socio D. Francisco Serrano Castro”.
El comunicado de la Fiscalía ya avanzaba lo que ahora ha sucedido: que, “en el supuesto de aparecer indicios racionales de criminalidad respecto a Serrano, se remitirían las diligencias a la Fiscalía Superior de Andalucía, atendida su condición de aforado, prosiguiendo la causa respecto de otros responsables no aforados”.
Juez de profesión condenado en su día por prevaricación, Francisco Serrano fue el cabeza de lista de Vox por Sevilla en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018. El caso investigado fue destapado por el digital InfoLibre en una serie de informaciones firmadas por su redactor en Andalucía Ángel Munárriz.
El Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) viene rastreando las andanzas de la empresa Bio Wood Niebla SL, de la que Serrano fue administrador único en 2016 y 2017, por haber inflado su capital con una aportación falsa de maquinaria industrial para así lograr una ayuda pública de casi 2,5 millones que no ha devuelto, aunque tampoco ha acabado de construir la fábrica (de combustible a base de madera) para la que solicitó el dinero, cuya devolución le reclama ahora Hacienda.
Las investigaciones de InfoLibre documentaron en detalle la denuncia apuntada inicialmente por el portavoz de la asociación de consumidores FACUA, Rubén Sánchez, “al aportar falsamente esta maquinaria, los socios lograron un préstamo de una cuantía (2,48 millones de euros) que no podrían haber conseguido sin dicha aportación, ya que su capital social sin las máquinas era de sólo 7.000 euros y el máximo que podría haber recibido la sociedad era el triple de dicho capital social”.
