La Fiscalía cree que la Junta atentó al derecho de igualdad con los contratos exprés

La vía penal explorada por otros sindicatos y colectivos no ha prosperado, pero sí avanza, en cambio, la vía de lo contencioso-administrativo elegida por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) para impugnar las contrataciones exprés arbitradas por la Junta de Andalucía al amparo de determinadas urgencias que desencadenó la pandemia. 

La Fiscalía de Sevilla se hace eco de las denuncias del sindicato corporativo y entiende que, en efecto, la adjudicación de puestos de interinos sin tener en cuenta los méritos de los candidatos podría ser “un atentado al derecho de igualdad de acceso a la función pública”.

Como se sabe, la Junta de Andalucía ha abierto en los últimos meses distintos procesos de contratación exprés en los que el criterio de asignación de las plazas era el orden de inscripción de los demandantes en las plataformas de internet habilitadas para ello.

El sistema fue reiteradamente denunciado por sindicatos y partidos de la oposición, ya que alimentaba la sospecha de enchufismo al haber podido anticiparse en la inscripción determinados demandantes previamente advertidos de que iban a abrirse las convocatorias.

Tanto el PSOE como Adelante Andalucía consideraron las contrataciones un atajo por el que la Junta contrató “en solo un mes a más de 3.250 personas en procesos exprés, de tan solo 24 horas, que no tienen en cuenta ningún criterio de méritos, capacidad e igualdad y sin período de alegaciones o bolsas baremadas”, según denunciaba en rueda de prensa a mediados de julio el diputado de Adelante Ismael Sánchez.

Los cerca de 3.000 vigilantes de la playa fueron contratados con este sistema que no incluye baremos de idoneidad ni de méritos de los aspirantes, aunque no se trataba propiamente de puestos de interinos, sino de contratos de tres meses para la tarea específica de vigilar que los usuarios de las playas respetaran las restricciones impuestas por la Junta durante el verano para prevenir los contagios de la Covid-19.

Recientemente, la Fiscalía Superior de Andalucía desestimaba que hubiera indicios de delito penal y archivaba las diligencias abiertas a raíz, entre otras, de la denuncia de Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas sobre la contratación urgente de 159 funcionarios interinos en la sanidad, excluyendo explícitamente a embarazadas y mayores de 60 años.

En todo caso, no ha sido solo el SAF el único colectivo que ha denunciado el controvertido sistema de contratación utilizado por la Junta. También lo han hecho los sindicatos CSIF y CCOO o el PSOE de Andalucía. Este último, además, pidió en su día a la Cámara de Cuentas un informe especial sobre estas contrataciones.

CSIF, mayoritario en la Administración, aunque inicialmente avaló el sistema exprés, más tarde se quejó de que el Ejecutivo autonómico estaba haciendo un uso abusivo de ese formato de contratación y acabó interponiendo sus propios recursos contencioso-administrativos contra las convocatorias de selección de aspirantes a personal funcionario interino en el cuerpo superior de administradores generales, concretamente las especialidades de administradores generales (A1.1100) y de administradores de gestión financiera (A1.1200).