La denuncia partió del grupo municipal de Izquierda Unida de Fuengirola, la Fiscalía de Málaga investigó los hechos denunciados y la conclusión provisional es que un juzgado de la localidad de la Costa del Sol ha decidido abrir diligencias penales contra la exalcaldesa de la localidad malagueña y actual parlamentaria autonómica del PP Esperanza Oña, pero también contra 17 concejales por “irregularidades graves” en el pago de facturas del Consistorio correspondientes a contrataciones realizadas entre el 2005 y el 2012, cuando Oña era alcaldesa de Fuengirola.

El portavoz de IU en el Ayuntamiento, José Miguel López, considera que "el informe que realizó el interventor dejaba claro que había sobrecostes en obras que superaban los porcentajes que estipula la legalidad vigente y que se tenía que haber hecho una modificación de los contratos que no se realizó". A partir de ese informe de la Intervención, IU llevó el caso a la justicia.

En el auto judicial de apertura de diligencias se alude a indicios de la existencia de "irregularidades graves en materia de contratación por parte del Ayuntamiento", que en un Pleno celebrado en agosto de 2012 aprobó un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para pagar dichas facturas, que incluían "incrementos en los importes de adjudicación que exceden del porcentaje legalmente admitido". Otras facturas fueron pagadas sin que conste “tramitación del oportuno expediente de contratación".

El juez eleva la casua al TSJA

El magistrado decretó la inhibición del procedimiento a favor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) debido a la condición de aforada de la popular Esperanza Oña. No obstante, el Ayuntamiento de Fuengirola ha solicitado el archivo de la causa y propia Esperanza Oña, en declaraciones a la Cadena SER, negó cualquier tipo de irregularidad.

Las supuestas facturas falsas abonaban contrataciones a las que el inverventor municipal puso serios reparos. Un ejemplo: en 2008 se tramitó una factura, por 30.398 euros, por el suministro de plantas para el servicio de parques, pero no constaba un contrato administrativo a pesar de la elevada cuantía. Otro ejemplo: una factura de 36.766 euros de Repsol correspondiente a un suministro de carburante realizado pese a haber concluido la vigencia del contrato. En otros casos, se pagaron obras con incrementos de hasta el 45 por ciento sobre lo comprometido inicialmente sin que se tramitara expediente alguno de modificación.

Las presuntas irregularidades alcanzan además a diferentes obras municipales con importes de adjudicación que superan el porcentaje legalmente admitido. Un ejemplo más: en 2008,se pagaron 86.656 euros por una obra de urbanización, lo que suponía un 15 por ciento de incremento que se abonó sin la preceptiva modificación presupuestaria. En la remodelación del Parque de España el aumento de la factura rozó el 45%.