Este martes el Congreso ha rechazado el real decreto impulsado por el Gobierno, a propuesta de Sumar, y que permitía prorrogar en las mismas condiciones y durante un máximo de dos años los contratos de alquiler que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027. Este rechazo se consumó con los 177 votos en contra de PP, Vox y Junts, y las cinco abstenciones del PNV. A favor de esta medida, que beneficiaría a 2,6 millones de españoles, votaron PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos, BNG y Coalición Canaria, reuniendo 168 votos a favor.

No obstante, pese a que la trascendencia de la votación ha quedado plasmada en el rechazo que la derecha y la extrema derecha han mostrado ante esta medida, un PP y Vox que son los responsables de aplicar las políticas de viviendas en muchas comunidades autónomas de España, la imagen del día estuvo protagonizada por dos andaluces emigrados en Madrid.

Con la votación del decreto y consumado el rechazo, dos andaluces, concretamente jerezanos, presentes en el Congreso, mostraron su visible enfado y particular rechazo a la decisión que habían tomado tanto PP, como Vox y Junts. Estos vecinos, naturales de Jerez pero viviendo en Madrid, dependían, al igual que más de dos millones de personas, de ese decreto para asegurar su seguridad en la vivienda en la que viven durante los próximos años, ya que tras la compra del edificio en el que viven por un fondo buitre están sufriendo presiones para que se marchen. No son otros que los vecinos de Gaztambide 37.

Gaztambide 37

Mientras que los andaluces eran desalojados del hemiciclo, virtieron todo tipo de acusaciones entre las señorías que les negaron la aprobación de esta medida. Ellos son, tal y como se ha encargado de recordar el candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía por Adelante Andalucia, José Ignacio García, dos andaluces emigrados que viven en el barrio de Chamberrí, en Madrid, y vecinos de Gaztambide 37, un edificio que tras ser adquirido por el fondo de inversión Palau & Manfredi, está siendo objeto de presiones para que los vecinos lo desalojen.

"La pareja que han expulsado del Congreso son dos andaluces, de Jerez. Un fondo buitre les quiere echar de su casa", denunciaba este miércoles el andalucista. Asimismo, se lamentaba de que los 34 diputados andaluces de PP y Vox "merecen sufrir un desahucio", para que asuman las consecuencias de sus votos.

El caso de Gaztambide 37 no es un caso aislado, es un “problema estructural”. Con estas palabras el Sindicato de Inquilinas de Madrid denuncia la presión que está sometiendo el fondo de inversión Palau & Manfredi a los vecinos de este domicilio, en el barrio de Chamberí de la capital, ofreciéndoles importantes cantidades de dinero, a cambio de que dejen atrás su vivienda y el fondo extranjero pueda convertir el bloque en pisos de lujo.

Los vecinos alojados en este edificio denuncian que el fondo de inversión, cuya intención tras la compra es remodelarlo y convertirlo en pisos de lujo, les ha llegado a ofrecer hasta 10.000 euros por abandonar el piso. Unos vecinos que, actualmente, pagan 1.050 euros y que llevan tres años viviendo en el mismo bloque con el contrato de alquiler.

Dependiendo del contrato que tenga cada alquiler y de la situación de cada vecino el fondo de inversión ha ido realizando diferentes ofertas. La realidad es que la mayoría de los vecinos las ha rechazado. Es el caso de la pareja que se desplazó al Congreso, Irene y Ángel, cuyos sueldos no pueden asumir la situación actual de alquileres en viviendas de la zona en la que actualmente viven.

La situación de Gaztambide es similar a la de muchas otras zonas de España, pero el caso de este edificio provocó una movilización el pasado marzo en la capital española, respaldada por diferentes partidos locales, como Más Madrid, y promovidas por el Sindicato de Inquilinas de Madrid. 

“Las vecinas están sufriendo acoso inmobiliario desde hace unos meses con intentos de soborno por cantidades de 10.000 euros para que abandonen el piso y otras técnicas ya conocidas por los fondos debido a las otras decenas de bloques en lucha que ya están organizados también”, explicó a ElPlural.com el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

Asimismo, la portavoz en el Ayuntamiento de Más Madrid, Rita Maestre, también acudió a la movilización, y calificó la situación de "claro acoso inmobiliario en nuestra ciudad”, y centró las críticas de Más Madrid en el papel que juega el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, señalándolo como “el colaborador necesario de este modelo de negocio basado en el acoso inmobiliario”. “Lo que está pasando en este edificio es exactamente lo que está pasando en muchos barrios de Madrid. En esta ciudad ahora mismo hay dos bandos muy claros: vecinas y vecinos que se organizan junto al Sindicato de Inquilinas para defender el derecho a la vivienda y los fondos que compran edificios para expulsar vecinos y especular. Y Almeida ha decidido de qué lado está”.