La Físcalía ha pedido cinco años y seis meses de cárcel para José María García Urbano, alcalde de Estepona. Se le acusa de prevaricación y malversación de caudales públicos. Así, Josele Aguilar, secretario general del PSOE de Málaga, ha subrayado que Moreno Bonilla "no puede seguir manteniendo" al regidor al frente del consistorio ante la gravedad de las acusaciones.
Aguilar ha extendido la petición al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al que ha instado a apartar a García Urbano de la presidencia de la Comisión de Haciendas Locales y Financiación Local de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Según el dirigente socialista, resulta “inadmisible” que una persona acusada de malversar fondos públicos encabece un órgano dedicado precisamente a la gestión y financiación municipal.
El secretario general malagueño considera que esta situación “erosiona la credibilidad institucional” y proyecta una “imagen de impunidad” que daña tanto a Estepona como al conjunto de Andalucía. “Cada día que el alcalde sigue en el cargo, cada día que Moreno Bonilla lo sostiene, es un día que se insulta el buen nombre del municipio, de los esteponeros y de todos los andaluces”, ha denunciado el parlamentario andaluz. Igualmente, Aguilar ha advertido sobre el impacto reputacional del caso, una situación que “desnaturaliza” la ética de las instituciones.
El dirigente socialista ha calificado de “intolerable” la actitud del presidente de la Junta al entender que el Partido Popular aplica una “doble vara de medir” cuando se trata de depurar responsabilidades políticas. “No se puede exigir dimisiones a terceros y, al mismo tiempo, blindar a personas presuntamente corruptas al frente de instituciones públicas”, ha señalado, insistiendo en que la ética pública no puede depender del color político.
Corrupción en el Partido Popular
El caso de García Urbano se suma así a otros episodios que cuestionan el discurso regenerador del PP andaluz, al que acusan de utilizar la lucha contra la corrupción como arma política mientras evita tomar medidas internas en sus propias filas.
Aguilar ha advertido que la continuidad del alcalde de Estepona en cargos de relevancia nacional, como la FEMP, agrava el descrédito institucional y transmite un mensaje de normalización de prácticas que deberían ser rechazadas. Por ello, reclaman una actuación “inmediata y contundente” tanto por parte de Moreno Bonilla como de la dirección nacional del PP. En este contexto, los socialistas recuerdan que la petición de la Fiscalía no es un asunto menor, sino una solicitud de pena de prisión superior a cinco años por delitos graves vinculados a la gestión de dinero público.
De este modo, ha recalcado que “no permitirá que se sigan utilizando los cargos públicos” como escudos políticos frente a la acción de la Justicia. Igualmente, el parlamentario andaluz ha reiterado su compromiso de “seguir denunciando cualquier intento de blindaje a responsables políticos investigados” que deben “rendir cuentas ante la ley por la gestión de los fondos de todos los ciudadanos”.
Mientras tanto, el silencio del PP andaluz y de Génova ante la petición de la Fiscalía alimenta las críticas sobre una estrategia de contención que, según los socialistas, pone la disciplina de partido por encima de la ética pública.
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