El Ayuntamiento de Sevilla ha formalizado este viernes la compra del edificio situado en la calle Verdad, barrio de Palmete, una operación que permitirá evitar el desahucio de las once familias que residen en el inmueble y garantizar su permanencia en las viviendas con alquileres ajustados a precios de protección oficial.
El inmueble, hasta ahora propiedad del Banco Santander, pasará a integrarse en el parque público de la empresa municipal de vivienda Emvisesa. Según ha informado el Consistorio, las nuevas rentas oscilarán entre los 200 euros mensuales para las viviendas de menor superficie y los 250 euros para las de mayor tamaño. Además de la regularización de la situación contractual de las familias, el Ayuntamiento ha anunciado que acometerá mejoras integrales en el edificio para garantizar condiciones óptimas de habitabilidad, incluyendo la adecuación de zonas comunes y la puesta en funcionamiento del ascensor.
La presión vecinal, clave en el desenlace
La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha valorado positivamente el acuerdo y ha subrayado que la solución “llega después de meses de movilización vecinal, del trabajo constante de las propias familias afectadas y de la implicación de colectivos sociales del barrio”.
Desde la formación recuerdan que llevaron a la Junta Municipal de Distrito Cerro-Amate y posteriormente al Pleno una propuesta para que Emvisesa adquiriera el edificio, iniciativa que fue aprobada en ambas instancias. “La principal victoria hoy es de las familias que no se resignaron a perder sus casas y de un barrio que se organizó para defenderlas”, ha señalado Hornillo.
En la misma línea, la plataforma Barrios Hartos ha asegurado que las familias han atravesado “un auténtico calvario”, marcado por el señalamiento público y una orden de lanzamiento prevista inicialmente para el 5 de diciembre. “Durante meses, la respuesta institucional fue el silencio o la resignación”, han denunciado, reivindicando que la organización vecinal ha sido determinante para forzar una salida.
Hornillo ha considerado que la incorporación del edificio al parque público supone “un paso en la dirección correcta”, aunque ha reclamado que Emvisesa “deje atrás los capítulos lamentables de venta de VPO a precios desorbitados” y se centre en reforzar su función social. Igualmente, ha insistido en que la ciudad atraviesa una emergencia habitacional que requiere medidas estructurales: ampliar de forma decidida el parque público en alquiler, prohibir la venta libre de viviendas construidas con fondos públicos, intervenir precios ante situaciones de especulación y establecer un precio máximo de 140.000 euros para la venta de viviendas protegidas.
El acuerdo cerrado este viernes con el Banco Santander culmina un proceso de negociación que, según fuentes municipales, se ha acelerado en las últimas semanas para evitar el lanzamiento de las familias. El Consistorio defiende que la operación refuerza el parque público y permite dar estabilidad residencial a hogares vulnerables en una zona con especiales dificultades socioeconómicas.
Movilizaciones anteriores
El barrio sevillano de Palmete se movilizó nuevamente este pasado 14 de febrero en defensa del derecho a la vivienda. Más de 25 organizaciones sociales, junto a sindicatos y formaciones de izquierda, convocaron la manifestación para mostrar su apoyo a las once familias de la calle Verdad que afrontaban un proceso de desahucio. Lorena, portavoz de los afectados, había reclamado directamente a la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, que tomase “acción” y dejase de “mirar a otro lado”.
La operación en Palmete reabre el debate sobre el papel de las administraciones en la defensa de la función social de la vivienda, evidenciando un problema estructural que requiere respuestas urgentes y estructurales por parte de estas.
