Las tormentas de la semana última han impactado y devastado un buen número de municipios en las provincias del litoral mediterráneo. El agua desbordada, como ya es habitual, ha inundado sótanos, viviendas y empresas y ha destrozado vehículos, cultivos, mobiliario urbano e infraestructuras de todo tipo.
Los ayuntamientos ya han comenzado a tramitar la solicitudes de declaración de zona catastrófica para los territorios más afectados y los particulares damnificados a solicitar las indemnizaciones correspondientes ante el CCS (Consorcio de Compensación de Seguros).
Estos fenómenos que se vienen agravando por su mayor frecuencia e intensidad como consecuencia del calentamiento global, requieren un abordaje institucional dirigido al orígen real del problema, que no es otro que la urbanización de zonas inundables y el mirar para otro lado de los ayuntamientos ante las construcciones ilegales.
El municipio murciano de Águilas, uno de los que más ha sufrido materialmente por las últimas lluvias, ha recibido una indemnización media anual por inundaciones extraordinarias de 78.000 euros entre 2006 y 2020, como figura en el análisis de los daños por inundación en España a nivel municipal del CCS.
Como bien recuerda el Colegio Oficial de Geólogos “en España existen 19.900 km de zonas inundables delimitadas y se estima que 2.733.000 habitantes viven en peligro, siendo las demarcaciones de mayor riesgo las del Guadalquivir, Segura y Júcar,” según datos de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) del Ministerio de Transición Ecológica. En este cómputo no entran las cuencas internas de Galicia, Cataluña, Andalucía y los archipiélagos que, de contabilizarse, elevarían a 5 millones las personas en riesgo, el 10% de la población española.
Los geólogos españoles apuestan por devolver a la naturaleza el suelo mal urbanizado mediante una política de expropiaciones a lo construido en terreno inundable; yo creo que hay que empezar a desurbanizar para restituir el patrimonio natural robado a los cauces de ríos, arroyos, ramblas y torrenteras.
En España, el coste de las irregularidades urbanísticas de ciudadanos y administraciones locales lo pagamos entre todos a través del CCS, un organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que indemniza los daños producidos por fenómenos naturales.
El cambio climático nos obliga a replantearnos, también, la política española de seguros para que responda al riesgo real de inundaciones y otros desastres naturales, como ocurre en Europa y Estados Unidos
