¿Cuál de los dos cederá? Ciudadanos dice ahora que solo apoyará a un alcalde socialista para Granada si dimite un diputado provincial del PSOE Mariano Lorente, imputado por contratar irregularmente a vecinos de Iznalloz cuando era alcalde. Y el PSOE replica que qué tendrá que ver una cosa con la otra.Mientras, el PP acecha y mueve sus piezas: la tensión entre el PSOE y su antiguo aliado en el Ayuntamiento de Granada renueva las esperanzas populares de conservar la Alcaldía, en el aire tras la detención la semana pasada del regidor Torres Hurtado al que una investigación judicial relaciona con la corrupción urbanística.LA POSICIÓN DEL PSOELa pauta socialista en esta crisis la marcaba este viernes la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, al pedir a Ciudadanos que "elija" entre apoyar a un gobierno "decente y honesto" del PSOE o "ceder a la presión que le está haciendo el Partido Popular en Andalucía". Díaz les metía presión al instarlos a decidir si "creen que Granada se merece salir cuanto antes de la situación en la que se encuentra" y llegar a un gobierno "decente y honesto, que saque bajo la lupa al urbanismo después de tanto tiempo" y, con ello, "estar a altura de lo que necesita la ciudad".En la misma línea, el viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Baldomero Oliver, pedía "separar procesos" y "no incorporar nuevas dudas" a un proceso que en sí mismo ya es "complicado". También terció en la polémica el “sorprendido” presidente de la Diputación de Granada, el socialista José Entrena. En declaraciones a los periodistas, Entrena afirmaba que el equipo de gobierno está siendo "escrupuloso" en el cumplimiento del acuerdo que firmó con la formación naranja para su investidura en Diputación. Entiende el presidente que el caso de Lorente, imputado por supuestas contrataciones a dedo en su etapa de alcalde de Iznalloz, no puede enmarcarse en el ámbito de la corrupción, entendida como el "aprovechamiento de un cargo público para enriquecerse, o enriquecer a familiares o terceros"."La verdad es que estoy bastante sorprendido porque evidentemente mi palabra tiene que valer y mi compromiso lo estoy manteniendo con el grupo de Ciudadanos entonces no termino de entender exactamente por qué se plantea esta cuestión", puntualizaba Entrena.  "No termino de entender este tipo de condicionamientos, además porque no hay un elemento de incumplimiento del acuerdo y del pacto por el cual el grupo de ciudadanos me apoyó", agregó.LA POSICIÓN DE CIUDADANOSMientras, el presidente y portavoz del grupo de Ciudadanos en el Parlamento Andaluz, Juan Marín, subrayaba este jueves que "sólo hay una vara de medir", a la par que dejaba claro que, en cualquier caso, aquella persona que esté siendo investigada por delitos de corrupción "tiene que abandonar su puesto". Lo que no precisaba Marín es si considera corrupción el caso de Lorente, aunque sí añadía que la posición de su formación "no va a cambiar y no va a apoyar a un alcalde o alcaldesa del PP" tras lo sucedido con el alcalde, José Torres Hurtado, y la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, y que "lo están sufriendo los ciudadanos de Granada".El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada y exsenador del PSOE, Luis Salvador, sigue insistiendo mientras tanto en que el PSOE "asuma" lo que tiene "comprometido por escrito" y lo "cumpla", subrayando que su formación "aplica la misma vara de medir" con independencia del partido o la institución a la que afecte. LA POSICIÓN DE PODEMOSLa portavoz del grupo municipal de Vamos Granada, Marta Gutiérez, reiteraba este viernes su propuesta de convocar una mesa con los cuatro partidos actualmente en la oposición y ha criticado que las "líneas rojas" marcadas por Ciudadanos (C's) para convertir al socialista Francisco Cuenca en nuevo alcalde de la ciudad puedan dejar en una "encerrona" a Granada.En declaraciones a los periodistas, Gutiérrez ha señaladoseñaló que "es el momento de conocer si todos los grupos están por facilitar una investidura de mínimos, o una investidura con contenido. Volvemos a reiterar que sería bueno poner en común unos mínimos compartidos, más allá de la necesidad imperante de echar al Partido Popular", ha declarado la portavoz.Gutiérrez insistió en que regeneración democrática, participación y transparencia y políticas de emergencia social son objetivos en los que todos los partidos pueden estar de acuerdo, y consideró que es preciso concretarlos para la ciudad y el Ayuntamiento para que puedan superarse los posibles "obstáculos".LA POSICIÓN DEL PPEl presidente del PP-A, Juanma Moreno, insiste por su parte en pedir "serenidad, sensatez, honestidad y responsabilidad a todos los grupos que están impulsando esa moción de censura, pero de manera muy especial" se la pide a Ciudadanos, a quien pide "que recapaciten, que reflexionen y que piensen qué es lo mejor para la ciudad de Granada, si un gobierno en minoría de ocho concejales, con 15 en la oposición, o un gobierno estable, serio, riguroso y con experiencia, para no llevar a esta ciudad a tres años de desgobierno".El modo en que la dirección regional del partido ha gestionado la crisis de Granada ha dejado en una posición más bien desairada a Moreno Bonilla, que sufriría una pérdida institucional muy relevante si el partido perdiera una de las cuatro capitales que todavía conserva.LO QUE HIZO LORENTEMariano Lorente siempre ha defendido que las contrataciones irregulares por las que está imputado se hicieron "de buena fe" y con el objetivo de ayudar a familias que estaban en riesgo de exclusión. Los contratos de trabajo, le dijo al juez en diciembre pasado, eran "de muy corta duración", de cinco días y su propósito era ayudar a "centenares de familias" de Iznalloz, entre ellas alguna en “situación crítica, vulnerable, en la que no tenían ni los más mínimos medios para subsistir ". Y añadía: "Por tanto estoy muy satisfecho, hemos acreditado la necesidad de ayudar a estas familias por estos contratos de cinco días y estamos seguros que así se comprenderá porque siempre obramos con la buena fe para ayudar a las familias de nuestro pueblo".La declaración se producía después de la denuncia que interpuso el actual equipo de gobierno en la localidad, formado por PP y el independiente Pimog, por un posible delito de prevaricación continuada por contrataciones "a dedo" a pesar de los reparos de la intervención municipal.Según la actual alcaldesa, Ana Belén Garrido, el socialista había primado para las contrataciones supuestamente irregulares que se le atribuyen "la afinidad ideológica", y no los principios de "igualdad, mérito y capacidad" para realizarlas.