Las declaraciones de Jiménez se producen después de conocerse hoy que la Junta de Andalucía ha abierto un expediente disciplinario por espionaje, filtración y sustracción de documentos al funcionario en excedencia Manuel Blanco, directivo de IDEA y en la actualidad director de Mercasevilla nombrado por el PP.

Posible conexión
En declaraciones a los periodistas en Bonares (Huelva), antes de asistir a la entrega de los XXIII Premios Arcoiris al Cooperativismo, Jiménez ha exigido al secretario general del PP, Antonio Sanz, que en su día exhibió públicamente los documentos presuntamente robados, y al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que expliquen si "hay una conexión entre la sustracción de la documentación y contratación de Blanco por Mercasevilla, con una retribución superior a 60.000 euros".

Clarificar contrato en Mercasevilla
Además, considera que debe de clarificarse si Zoido va a mantener al frente de una responsabilidad administrativa a una persona que podría estar implicada en el robo de documentación oficial a la que se ha dado un uso indebido. Ha recordado que desde el PSOE se viene denunciando desde hace tiempo que alrededor del caso de los ERE, a parte del hecho "incontestable" de que haya podido haber sobre irregularidades en su tramitación por parte de órganos directivos y responsables, hay una "manipulación" y una actuación del PP que "responde a una campaña de difamación con otras ramificaciones".

Comportamiento mafioso
Además, considera que en función de lo conocido hoy sobre la apertura de ese expediente se podría estar ante "un comportamiento simple y llanamente mafioso, por parte de quienes pretenden hacer de la manipulación de este proceso judicial un elemento que esté al servicio de sus intereses".

Rosa Torres: "Es vergonzoso"
Por su parte la presidenta del PSOE andaluz, Rosa Torres ha calificado de “vergonzoso” este incidente y ha recordado que “los funcionarios y empleados públicos se deben a un principio de lealtad con su institución, y si se demuestra que el PP ha conseguido que alguien haya roto ese compromiso y haya extraído documentos de procesos administrativos para que los populares los usaran, manipularan e intentaran influir así en la investigación judicial o policial, quedará claro que el PP sí paga a quienes quiebran sus principios de lealtad para sacar rédito electoral”.