PP apuesta por reducir todo tipo de prestaciones
En una entrevista, Pérez opina que los populares, con sus actuales políticas de recorte en materia laboral y social y aún antes, al no aplicar la Ley de Dependencia en casi todas las comunidades autónomas donde gobierna, está demostrando que apuesta por reducir a la mínima expresión todo tipo de prestaciones y ayudas sociales, "y la crisis no es el origen de que el PP no crea en el modelo social con el que ha crecido Europa, sino que esa la excusa que está empleando ahora para asegurar que no se puede sostener el modelo social, y por eso dice que podremos tener los servicios sociales que nos podamos permitir".
"Los servicios sociales no son de quita y pon"
Ante esto, Pérez ha señalado que "eso no es verdad, ya que podremos tener las carreteras, aeropuertos y otras infraestructuras que podamos pagar, pero los servicios sociales no pueden ser un instrumento de quita y pon, porque ese modelo social se ha construido, a lo largo de las últimas décadas, para garantizar la equidad y la igualdad entre la ciudadanía".
"El PP hace trampas con el discurso de la Iglesia"
Además, según ha argumentado la portavoz socialista en la Comisión de Bienestar Social, "el PP hace trampas con el discurso de la Iglesia, aludiendo a los comedores sociales u otras prestaciones que ofrecen Cáritas y otras organizaciones relacionadas con la Iglesia, dando a entender que se mantienen por la propia Iglesia, pero no es así, ya que se mantienen, fundamentalmente por las aportaciones de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y del propio Estado, es decir, la Iglesia lo que pone en Cáritas es la marca, pero realmente son las administraciones públicas las que mantienen a Cáritas, ya que le aportan el 90% de sus ingresos, según el último informe de la propia Cáritas".
Las administraciones públicas son las que sostienen esta organización
Aún así, Pérez defiende que se mantenga el apoyo público a organizaciones como Cáritas, es decir, "a aquellas ONG, sean o no de la Iglesia, que estén haciendo un buen trabajo", pero lo que no puede aceptar la parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba "es que se nos diga que esa atención (de Cáritas) es posible gracias a la labor social de la Iglesia, sencillamente porque no es verdad, ya que en este país las administraciones públicas apoyan el trabajo de las ONG al margen de su ideología, teniendo en cuenta la labor que ejercen", de modo que "no son de recibo declaraciones" como las hechas por dirigentes del PP, "diciendo que si la Iglesia tenía que pagar el IBI pues no podría mantener Cáritas", cuando son las administraciones públicas las que sostienen económicamente a esta organización.
Ley de Dependencia
Por otro lado, Pérez ha defendido el mantenimiento de la Ley de Dependencia en Andalucía, aunque ahora resultará más difícil, ya que "en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año Andalucía pierde algo más de 74 millones de euros para la dependencia, alegando el PP que quita esta financiación, para la dependencia moderada, alegando que no la podemos pagar, lo cual, no es exactamente cierto".
Atender la dependencia antes de que sea grave
Así, según el argumento de Pérez, "si no se atiende a una persona en situación de dependencia, lo que se tiene es a un enfermo crónico, es decir, si no se atiende a una persona con un alzheimer incipiente, lo que se tendrá será a un enfermo con alzheimer en grado severo en cuatro o cinco años, de modo que, si no se atiende una dependencia en sus primeros niveles, no se está retrasando esa dependencia, sino que se acortan las posibilidades de que esa dependencia no sea grave".
Lo que el PP considera un ahorro en dependencia , es un gasto extra
En consecuencia, "lo que hoy el PP considera un ahorro en dependencia, en realidad es un gasto extra para el sistema sanitario y, a la postre, es un gasto mayor en el cómputo general, porque cuesta más un día de hospitalización que un mes entero de ayuda a domicilio", algo que, según ha destacado Pérez, "lo sabe perfectamente el PP, como también sabe el Gobierno de Rajoy que no es la Administración central la que presta los servicios sociales ni sanitarios, y que son las comunidades autónomas las que tendrán que acarrear con las consecuencias", que, en el caso de Andalucía, intentará compensar la caída de ingresos que le está provocando el Gobierno del PP, "con más eficacia y eficiencia en la gestión, reduciendo también gastos que no incidan de modo directo en la atención a las personas".
