Llega a Cádiz la ‘guerra de la banderas’ que tanto juego político y judicial dio en el pasado en comunidades como el País Vasco o Cataluña. La batalla entre el Ayuntamiento que dirige José Maria González ‘Kichi’, de Podemos, y el Gobierno central ha llegado a los juzgados, aunque no por la vía penal.

La Delegación del Gobierno en Andalucía presentaba este jueves ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz un recurso por el cual se impugna el acto del Ayuntamiento de Cádiz de izado y permanencia, con motivo de la celebración de las II Jornadas por la Memoria, de una bandera de la II República española en la plaza de la Constitución.

Medida cautelarísima

Para el Gobierno central "la colocación de una bandera republicana dentro de los jardines públicos de la plaza de la Constitución de Cádiz, situados frente a la entrada principal al casco histórico de la ciudad, lugar destacado y perfectamente visible, con el fin de reflejar una determinada ideología entra en conflicto con lo dispuesto en el artículo 1.3 de la Constitución Española, al proclamar que la forma política del Estado Español es la Monarquía Parlamentaria, por lo que contraviene el principio de neutralidad y objetividad que debe regir las actividades de las administraciones públicas".

La Subdelegación pide en recurso "como medida cautelarísima la suspensión de dicho acto, por concurrir circunstancias de especial urgencia, conforme a lo previsto en el artículo 135 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa".

La manía del pasado

El concejal de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, sostiene que no se está "incumpliendo ninguna norma" y que "el PP utiliza a la Subdelegación para tratar de coaccionar a quienes entendemos que la labor de las instituciones es defender y recuperar la memoria democrática de este país".

Igualmente, la coordinadora general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, afeó al PP que siga "con su manía del pasado" de "perseguir" la bandera republicana”, que “está donde tiene que estar durante la semana que tiene que estar, que es simplemente una semana de jornada de recuerdo y de memoria histórica de los asesinados republicanos en Cádiz". La enseña está colocada sobre una fosa "donde hay enterrada mucha gente que luchó por la democracia".

Otros casos

Solo en Euskadi, la Abogacía del Estado lleva interpuestos a lo largo de los años más de 150 recursos contenciosos contra otros tantos Ayuntamientos vascos por no cumplir la legislación que obliga a colocar la enseña nacional en un lugar preferente de los edificios oficiales.

¿En qué puede acabar el contencioso promovido por el Estado? Como mucho, en una multa y poco más. En 2015, un juzgado de Vitoria condenó al alcalde de Lodio a multas de 1.500 euros mensuales por negarse a colocar la bandera española en un lugar destacado de la casa consistorial.

Fue el primer alcalde condenado en Euskadi por este motivo, como consecuencia de un conflicto judicial que data de 2008 cuando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimó un recurso de la Abogacía del Estado y ordenó que la bandera española se izase en el Ayuntamiento.

La guerra del norte

Pero la ‘guerra de las banderas’ que desde hace décadas se libra en el norte todavía no ha terminado. Continúa en Navarra, aunque ahora la protagonista no es la ikurriña sino la enseña republicana, que ondeará en el Parlamento de Navarra el 14 de abril y además lo hará con el respaldo del Partido Socialista.

La controvertida decisión llegaba cuatro días después de que el Parlamento de Navarra derogara, también con polémica, la Ley de Símbolos, lo que permite a los ayuntamientos a colocar la ikurriña o cualquier otra enseña no oficial, algo hasta ahora prohibido.