Junio de 2011. La crisis aprieta. El Gobierno de José Antonio Griñán, como todos entonces, busca dinero hasta debajo de las piedras. La enajenación pendiente del todavía voluminoso patrimonio del antiguo Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), instrumento institucional creado 25 años atrás para ejecutar la fallida reforma agraria, es una vía tan buena como otra cualquier para hacer caja. A fin de cuentas, los sucesivos gobiernos andaluces nunca habían sabido muy bien qué hacer con esas 20.000 hectáreas de fincas agrícolas, ganaderas y sobre todo forestales cuyo rendimiento era poco significativo, pero cuya salida al mercado de tierras iba a ser mucho menos rentable de lo previsto.

De esas 20.000 hectáreas, alrededor de la mitad son tierras forestales de poco valor y dudoso rendimiento mientras que un 25 por ciento están explotadas directamente por una empresa pública de la Junta y el otro cuarto restante lo cultivan colonos en distintas modalidades de arrendamiento.

Ese mes de junio, pues, la Junta sacaba a subasta el primer lote de nueve fincas por un precio de salida de 8,7millones de euros. En conjunto, espera obtener 75 millones de euros con la venta de todas las tierras.

El fracaso

Junio de 2012. Un año después la operación se revela un fracaso. Las subastas quedan desiertas en unos casos o sus precios de salida sufren fuertes tajos a la baja. A esa fecha se han vendido únicamente cuatro de las 12 fincas puestas en el mercado y el dinero obtenido es poco más que calderilla: apenas 2,5 millones de euros, y eso que entre las fincas enajenadas están algunas de las joyas de la devaluada corona del IARA, como Barruelos en Jaén o La Chanza en Huelva.  

Cinco años después el Gobierno andaluz lo intenta de nuevo. El pasado martes aprobaba iniciar la tramitación del anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, cuyas líneas maestras explicaba la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz. El borrador gubernamental no incluye el banco público de tierras que reclamaba en el pasado Izquierda Unida y que se incluyó en el pacto de gobierno con el PSOE suscrito en 2012.

El procedimiento

La previsión de la futura ley sobre unas 5.000 hectáreas del total de tierras de titularidad pública autonómica es la enajenación de las mismas mediante “un procedimiento general para garantizar la igualdad, concurrencia y publicidad en la adjudicación, priorizando el acceso a personas jóvenes, desempleados agrarios, administraciones locales y entidades sin ánimo de lucro con economía social”.

¿Y por qué ahora sí habría de ser un éxito lo que hace cinco años fue un fracaso? Fuentes de la Junta consultadas por EL PLURAL.COM responden que hoy la enajenación de tierras sí tiene futuro porque el sector primario es ahora “un motor económico que funciona como un cañón, con nuevas técnicas de explotación mucho más rentables que en el pasado”, por lo cual es importante “promover el relevo generacional para aprovechar el potencial que encierra el campo”.

Aun así, el objetivo primordial de la Junta no es tanto hacer caja –“las fincas saldrán a buen precio”- como dar un auténtico fin social a ese patrimonio que hoy languidece víctima ya sea de la burocracia, ya sea del escaso entusiasmo de los colonos ante las débiles expectativas de beneficio. ¿Pero acaso las fincas públicas son una ruina para la Junta? “No, no es que sean una ruina, pero en la Administración autonómica no somos agricultores”.

El canon imaginario

Ni agricultores ni, según algunos indicios, gestores demasiado eficientes a la hora de exigir el pago puntual de los cánones a que están obligados los arrendatarios y colonos. Una información del diario a ABC del pasado día 13, firmada por María Jesús Pereira, recogía que la consejera Carmen Ortiz, en respuesta parlamentaria al diputado popular Jaime Raynaud, admitía que la deuda de las ocho cooperativas de Marinaleda por el impago de cánones, durante el periodo 1992-2012, derivados del uso de tierras de la Junta asciende a 5,7 millones de euros.

El diputado por Sevilla aprovechaba ya de paso la ocasión para preguntarse cómo era posible “que esas cooperativas hayan recibido 10 millones de euros de la PAC si no pagaban el canon” y para arremeter contra la Junta por permitir “estas irregularidades que han persistido durante 20 años y que han provocado una situación esperpéntica hasta el punto de que las cooperativas quieren ahora que se les regale la tierra”.

Jornaleros sin tierra

Ciertamente, el caso de Marinaleda siempre ha sido singular. Como lo son los propios colonos de la comarca liderados por su combativo alcalde y líder jornalero Juan Manuel Sánchez Gordillo, firme partidario de la cesión de fincas públicas a los jornaleros sin tierra y protagonista, junto al hoy diputado de Podemos Diego Cañamero, de múltiples ocupaciones de fincas que han contribuido a visualizar unos males endémicos del campo andaluz que ni la primera reforma agraria de 1932 ni la segunda de 1984 han conseguido, ni de lejos, resolver satisfactoriamente.

Los varios cientos de miles de jornaleros sin tierra que hay en Andalucía, y cuyas sublevaciones incendiaron en campo andaluz en diversas ocasiones durante el primer tercio del siglo XX, han mejorado significativamente sus estándares vitales gracias a los denostados –de Despeñaperros hacia arriba- Plan de Empleo Rural y subsidio agrario, que han evitado una despoblación que habría sido masiva en cientos de pueblos andaluces.

Una reforma fallida

De hecho, el PER y el subsidio han hecho mucho más por los trabajadores eventuales del campo andaluz que la bienintencionada reforma agraria impulsada por el primer presidente andaluz, Rafael Escuredo. Lastrada desde sus inicios por sucesivos recursos ante los tribunales; por una excesiva complejidad técnica que la hacía muchas veces inaplicable; por la propia calidad y configuración de las tierras enajenadas; por el estrangulamiento del mercado derivado de la entrada en Europa; y, sobre todo, por la falta de consenso político y social –a la derecha le parecía demasiado audaz y la izquierda demasiado tibia- en torno a ella, la reforma agraria de Escuredo naufragó desde el principio y fue languideciendo con los años. La fallida subasta de tierras públicas, patrimonio del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, impulsada en 2011 en plena crisis económica fue el último capítulo de una historia no precisamente ejemplar.

Un último intento

El último intento político de recuperar el espíritu de la reforma agraria fue el llamado banco de tierras propuesto por IULV-CA. La idea era la misma: expropiar fincas que llevaran al menos dos años sin cultivar o estuvieran infrautilizadas para luego cederlas a parados, cooperativas o ayuntamientos. Aunque el compromiso estaba incluido en el pacto de gobierno firmado en 2012 con el PSOE, este se mostró unas veces remolón, otras receloso y siempre desconfiado ante un proyecto que no lo tendría fácil ante los jueces o ante el mismo Tribunal Constitucional, como ya había ocurrido con la prometida expropiación de pisos, también impulsada por IU, propiedad de los bancos que fueran a desahuciar de dichos inmuebles a familias sin recursos.

La antigua filosofía de dar uso social a la tierra ociosa regresaba a la agenda política andaluza, pero de nuevo lo hacía sin consenso y demasiadas garantías de éxito, tanto en términos jurídicos como de eficiencia social y económica. IU, en todo caso, siempre pensó que al PSOE le faltó coraje político para coger el viejo toro por los cuernos. Por su parte, el PSOE siempre sospechó que a su socio le sobró fantasía ideológica y le faltó sentido de la realidad. La verdad, como tantas veces, quizá estuviera a medio camino entre ambas baterías de reproches