Investigar solo significa investigar. De entrada, nada más. Nada más y nada menos. El investigador es en este caso la Fiscalía de Sevilla y el investigado es quien fuera alcalde de Sevilla y luego ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
El máximo responsable del Ministerio Público en Sevilla, Luis Fernández, ha dado curso a una denuncia presentada por el presidente de la empresa Novasoft, Francisco José Barrionuevo, investigado en el caso Invercaria, en la que acusa al letrado del PP en el caso de los ERE, Luis García Navarro, de graves delitos relacionados con el cobro por el bufete de este letrado de 239.000 euros pagados por el Ayuntamiento de Sevilla por su asesoría jurídica en el caso la empresa semipública municipal Mercasevilla, instruido por la juez Mercedes Alaya y en cuya pieza principal fueron absueltos casi todos los procesados.
La abultada cantidad abonada por el Ayuntamiento de Sevilla a un bufete privado contrasta con el hecho de que el propio Consistorio cuenta con su propio equipo de letrados de plantilla.
La noticia la avanza hoy en Diario de Sevilla el redactor de tribunales Jorge Muñoz, quien recuerda que la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación para esclarecer si lo denunciado por Barrionuevo se ajusta o puede ajustarse a la realidad. Si el fiscal ve indicios delictivos en la conducta del letrado y del alcalde, remitirá su propia denuncia al juzgado.
Según la denuncia, en 2011 el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado entonces por alcalde del PP Juan Ignacio Zoido, contrató al bufete García Navarro&Fuster Asociados mediante la figura de un contrato menor por valor de 17.000 euros.
En los años siguientes hasta 2015, los contratos ascendieron a más de 50.000 euros anuales, lo que daría un montante de 239.000 euros, por lo que el gobierno local habría abusado hasta la ilegalidad del denominado procedimiento negociado sin publicidad, contemplado por la legislación como una excepción al principio de concurrencia que las administraciones solo deberían utilizar en casos puntuales y bien justificados.
Según recoge Diario de Sevilla haciéndose eco de la denuncia, las invitaciones para el contrato de 2012 se lanzaron “apenas unos días antes de la fecha de contratación” y las ofertas del bufete García Navarro&Fuster se registraban siempre “apenas dos o tres días antes de la adjudicación”.
El Ayuntamiento pedía tres ofertas y “casualmente las ofertas más altas se correspondían siempre con el mismo bufete Piñeyro García-Quílez (58.000 euros en 2012 y durante los años siguientes exactamente la misma cantidad: 59.900 euros)”, lo que alimentaría la sospecha de que el trámite de pedir otras ofertas podría haber estado amañado.
El presidente de Novasoft también vincula en su denuncia a García Navarro con el principal denunciante en el caso Invercaria, Cristóbal Cantos, de cuya defensa en este caso, donde el propio Cantos acabó imputado, se habría ocupado el letrado del PP e incluso haber sido directamente sufragada por el partido.
Lourdes Fuster, socia de García Navarro y con quien ha formado equipo durante todo el juicio de los ERE, fue recientemente nombrada subdirectora general de la Agencia de Medio ambiente y Agua de la Junta de Andalucía. El propio García Navarro compatibilizó durante diez años la representación del PP en grandes macrocausas con un contrato de exclusividad con la RTVA por el que cobraba 65.000 euros al año.
