Horas antes de que se reúna este miércoles por la mañana la Mesa del Parlamento, Cs desvelaba la clave para saber qué ocurrirá en esa reunión: la cabeza de cartel electoral y presidenta de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y siete diputados afines serán expulsados del grupo parlamentario por tránsfugas, tal como habían solicitado Izquierda Unida y Podemos.

A expensas de conocer cuál sea finalmente la posición de los dos miembros del PP en la Mesa, votarán favorablemente la expulsión los dos diputados del PSOE, el de Vox y los dos de Cs. El sentido del voto naranja se desprendía ayer de un comunicado de la dirección nacional del partido.

Vote lo que vote el PP, que, exactamente al contrario que Cs, primero se posicionó a favor de la expulsión y luego decidió pensárselo, los cinco votos alineados con las tesis de IU y Podemos garantizan el 'destierro' de Teresa Rodríguez y siete diputados afines a Anticapitalistas al 'gallinero' de los no adscritos.

Prohibido rendirse

Aunque la Mesa decida hoy su expulsión, en los planes de Rodríguez no entra rendirse. La ex secretaria general de Podemos Andalucía y diputada por Cádiz ya ha adelantado que, si perdían la batalla en el Parlamento, la continuarían en el Tribunal Constitucional, al que pedirán la adopción de medidas cautelarísimas cuyo efecto inmediato sería la suspensión provisional de lo decidido por la Mesa.

El partido naranja explicaba este martes por la tarde en ese comunicado que la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, y el también diputado de Cs Julio Díaz votarán favor de la expulsión "en aplicación de los acuerdos alcanzados y suscritos por la mayoría de fuerzas políticas en el marco del Pacto Antitransfuguismo a nivel nacional”.

Pese al informe de los letrados del Parlamento contrario a la expulsión, por entender que el trámite para hacerla efectiva contravenía el Reglamento y la jurisprudencia constitucional, la firma la semana pasada del Pacto Antitransfuguismo dejaba al partido de Inés Arrimadas sin margen para salvar a Rodríguez y los suyos, pues hacerlo supondría incumplir la actualización del mismo, acordada hace solo unos días y promovida precisamente por Cs.

Un cierto callejón sin salida

Firmado por la letrada adjunta, el informe parecía sugerir que, en términos jurídicos, existía un cierto callejón sin salida ya que el Reglamento de la Cámara “no establece ninguna formalidad ni ningún requerimiento de tipo procedimental que se deba cumplir para que el diputado o diputada adquiera la condición de no adscrito. El único requisito –añadía el informe– es de tipo material y consiste en que debe haber causado baja en el grupo parlamentario”.

Para los servicios jurídicos, según el Reglamente la Mesa únicamente está "facultada para verificar que se cumple el requisito material exigido para que un diputado sea declarado no adscrito, es decir, que este diputado realmente ha causado baja en su grupo”.

Un argumento circular, pues se diría que da a entender que si un diputado se niega a causar baja en su grupo pese a haber sido acusado de tránsfuga, la Mesa del Parlamento no puede enviarlo al limbo de los no adscritos porque no se habría cumplido previamente “el requisito material” de haber causado baja.

La definición de tránsfuga

Como se sabe, la Mesa acordó el pasado 28 de octubre, con los apoyos de PSOE, PP y Vox y la abstención de Cs, admitir la solicitud de expulsión de ocho diputados de Adelante --que pasaron entonces a ser considerados no adscritos--, si bien una semana después congeló esa decisión al estimar parcialmente el recurso que presentaron Teresa Rodríguez y los otros siete parlamentarios afectados.

En la reunión de este miércoles, explicaba el comunicado naranja de ayer, los dos miembros de Cs en la Mesa del Parlamento apoyarán lo que consideran "una expulsión que cumple con lo establecido en el Pacto Antitranfuguismo que precisamente la formación liberal logró impulsar al retomarlo hace unos meses, cuando el Pacto llevaba más de diez años sin reunirse".

El Pacto Antitranfuguismo establece explícitamente que será considerado “tránsfuga cualquier representante que haya sido expulsado o abandonado una formación, y es la propia formación quien determina, en caso de duda, quién es o no un tránsfuga", una condición que les impide “formar parte de ningún grupo parlamentario o institucional". Así pues, de no obedecer Bosquet y Díaz el mandato de su dirección nacional, ellos mismos podrían acabar señalados como tránsfugas.

Igualmente, el acuerdo –suscrito por once partidos: PSOE, PP, Cs, Podemos, IU, PSC, PNV, BNG, Galicia en Común, Foro Asturias y PAR– señala que "se considerará tránsfuga asimismo la persona electa por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso".

Rodríguez y los suyos denuncian que, a iniciativa de IU, se ha hecho una redacción ad hoc de ese párrafo para dar cobertura jurídico-política a su expulsión. Creen también que el Pacto no es jurídicamente ejecutivo y que su aplicación en este caso conculcaría el principio de irretroactividad de las leyes.

Sin visibilidad y sin dinero

Los 17 parlamentarios que obtuvo Adelante en las elecciones de diciembre de 2018 serán a partir de hoy solo nueve, pues entre estos nueve hay tres que permanecen políticamente alineados con Teresa Rodríguez, si bien IU y Podemos no los consideran tránsfugas. Se desconoce si continuarán vinulados a Adelante, dado que a partir de ahora será muy complicada su convivencia con los seis diputados de IU. 

La consideración de diputados no adscritos supone la pérdida tanto de determinadas prerrogativas que garantizaban la visibilidad política de Rodríguez y los suyos como de la parte proporcional de la asignación anual de casi 1,7 millones de euros del Parlamento a Adelante. Esa cantidad se verá reducida en proporción a los ocho diputados menos que a partir de ahora tendrá el grupo. 

Precisamente el reparto de la asignación presupuestaria fue uno de los motivos de discordia entre los ahora expulsados, los seis diputados de IU y la nueva dirección de Podemos Andalucía, enfrentada a Rodríguez y a la que acusaba de no entregar al partido gracias al cual consiguió su acta el 65 por ciento de los 1,7 millones (el otro 35 por ciento restante era para IU).

Proyectos irreconciliables

Más allá del embrollo jurídico-reglamentario, el grupo Adelante está partido en dos porque cada bloque tiene un proyecto político distinto y aun irreconciliable con el del otro: unos son federalistas y otros confederalistas; unos son autonomistas y otros soberanistas; unos son prosocialistas y otros antisocialistas.

Los reproches por la controvertida gestión por Rodríguez de la asignación presupuestaria han sido, en realidad, la gota que ha colmado un vaso que estaba a punto de rebosar desde hacía meses.