Si el consejero de Educación decidiera poner un circo es muy probable que le crecieran los enanos, según el dicho popular que describe el no va más de la mala suerte. El trasiego de ceses y nombramientos en la Consejería de Educación y Deporte ha tenido su último capítulo en la dmisión presentada por el jefe de la Inspección Educativa de la Delegación de Sevilla, Rafael Martín.
La dimisión se ha producido apenas un día después de que Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía nombrara, el martes 6, a María José Eslava como nueva delegada de Educación, en sustitución del también dimitido Miguel Martín León, quien a su vez había tomado posesión del cargo el 25 de septiembre en sustitución de Marta Escrivá, cesada de dicho puesto una semana antes y que solo llevaba unos meses en un cargo situado en el escalafón muy por debajo al de viceconsejera de Educación, del que provenía antes de hacerse cargo de la Delegación de Sevilla.
Como se recordará, Miguel Martín León presentaba su dimisión el pasado 28 de septiembre al trascender que estaba procesado en una causa judicial de años atrás que investiga presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa continuada, falsedad documental y apropiación indebida. Eslava es la cuarta persona que ocupa el cargo de delegada en Sevilla.
El ya exjefe de la Inspección ha declarado a medios locales que desde la Consejería que dirige Imbroda le plantearon que o bien dimitía él mismo o bien sería cesado. Educación niega que la renuncia de Martín sea una destitución y atribuye su adiós a "motivos personales".
La versión oficial parece más bien una interpretación algo dulcificada de lo sucedido, pues Rafael Martín estampó la semana pasada su firma en un comunicado suscrito por una veintena de inspectores que denunciaban que "la insólita acumulación de nombramientos y ceses, producidos, algunos de ellos, sin que se conozcan los motivos, transmite una sensación de improvisación, ausencia de rigor y transparencia y, en definitiva, falta de líneas de actuación definidas, coherentes con un proyecto para la educación".
El colectivo de funcionarios expresaba su "profunda preocupación" por el funcionamiento de la delegación territorial, lo que estaba "dando lugar a una imagen negativa de la Administración educativa, inaceptable para la ciudadanía en general y, en particular, para los profesionales de la educación". El escrito de los inspectores es un hecho prácticamente inédito en la adminsitración educativa.
