El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla ha obtenido este miércoles luz verde del Parlamento regional sobre la tramitación de dos proyectos de ley que reconocen a dos universidades privadas, la CEU Fernando III y la Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED), las cuales cuentan con “todas las garantías jurídicas”. Todo ello en tres días después de las elecciones municipales del 28 de mayo.

“Andalucía aborda la creación de universidades privadas mediante leyes propias y con total transparencia, y no a través de una disposición adicional, como ya se hizo anteriormente con la única institución privada que, hasta la fecha, existe en la región”, ha defendido el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, durante el pleno. Según el marco normativo actual, la implantación de estas instituciones se debe realizar por ley y con el respaldo del Parlamento, donde supera el debate a la totalidad tras haber sido rechazadas las enmiendas presentadas por el PSOE-A y Por Andalucía.

A modo de respuesta ante las críticas de los rectores andaluces, que sostienen que los proyectos no cumplen con los requisitos necesarios, el consejero ha recordado que, tal y como se inscribe en los informes de la Junta y del Consejo Económico y Social, “no se incluye objeción alguna”.

Ha subrayado que en ese proceso los promotores de los proyectos han ido mejorando las propuestas iniciales y asumiendo las recomendaciones planteadas tanto por el Consejo General de Política Universitaria como por la hoy extinta Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA).

La Junta de Andalucía actuará con una postura “vigilante” para que se cumplan los estándares de calidad “con los mismos parámetros” que se aplican en el resto de los centros universitarios de la región. “Ningún título se aprobará en Andalucía si no cumple con los requisitos de calidad exigidos, provengan de donde provengan las solicitudes”, ha garantizado Gómez Villamandos. Dicho de otro modo, estos dos proyectos vienen a “complementar” la vigente oferta universitaria, basta en diez instituciones públicas y una privada.

Críticas desde la oposición

La tramitación definitiva de estos dos proyectos no ha obtenido el visto bueno del bloque de izquierdas, concretamente de los socialistas y de Por Andalucía. Es así como Antonio Ruiz, portavoz del PSOE, ha advertido al consejero andaluz que su reputación, tras esta aprobación parlamentaria, “quedará en entredicho”, alegando que las dos universidades señaladas son de “escasa calidad” ya que ninguna de ellas cumple con la Ley de Universidades. Con este aviso, ha señalado que, de entrar en vigor, se daría “el pistoletazo de salida del modelo Ayuso en Andalucía”.

Por su parte, desde Por Andalucía con su enmienda a la totalidad, y en palabras de Esperanza Gómez, ha optado por poner el foco en los “argumentos jurídicos”, reiterando que ninguna de las dos universidades “cumplen con los requisitos más mínimos y obvios”. En la misma medida, ha condenado que el cuidado del sistema universitario público andaluz está “abandonado a su suerte”.

El PP, en aras de replicar a las críticas, sostiene que no están en contra de la universidad privada y continúan defendiendo la pública, pero que esta clase de proyectos suponen un “enriquecimiento” para el conjunto del sistema educativo de este grado.

Moreno Bonilla prevalece la educación concertada

No sólo contando el plano universitario, cabe recordar que el Ejecutivo andaluz ha priorizado el modelo educativo concertado. Cabe tener en mente el ejemplo de varios colegios públicos, como el Joaquín Turina de Sevilla, que ha sido testigo de cómo su alumnado se ha ido reduciendo notablemente en los últimos años, ya que ha pasado de ofrecer 50 plazas de nuevo ingreso a justo la mitad.

Y es que la pérdida de alumnado se ha hecho más evidente en la educación pública que en la concertada. Andalucía, al igual que la Comunidad de Madrid, ha incrementado los conciertos educativos para la concertada. El sindicato Ustea denunció que este hecho ha desalentado la demanda de la pública en las mesas sectoriales de la Junta debido a que los datos muestran una pérdida de casi 2.000 clases en este ámbito.