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El Gobierno andaluz ya trabaja en el diseño del nuevo Plan de Vivienda de Andalucía 2026-2030, una estrategia llamada a dar continuidad al anterior Plan Vive y a marcar las directrices residenciales de los próximos años. La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha desgranado las claves de esta hoja de ruta en una comparecencia parlamentaria en la que también ha anunciado una potente inyección para la emancipación: una nueva convocatoria de subvenciones al alquiler dotada con 24 millones de euros.
Durante su intervención, Díaz subrayó que el objetivo prioritario de la Junta pasa por incrementar la oferta de hogares asequibles acordes con los ingresos reales de las familias y de los jóvenes. Para lograrlo, la estrategia se estructurará detalladamente en torno a cuatro grandes ejes de actuación:
En primer lugar, el plan contempla un ambicioso incremento de la oferta de vivienda asequible. Bajo esta línea, la Junta mantiene el firme objetivo de promover 20.000 nuevas viviendas mediante la combinación de diferentes fórmulas de intervención pública y la colaboración con la iniciativa privada. Esto incluye la adquisición de inmuebles para incorporarlos al parque público y social, la promoción directa sobre suelo público, la urbanización de terrenos para facilitar nuevas construcciones, la colaboración público-privada destinada al alquiler asequible y la promoción privada de viviendas protegidas y alojamientos comunitarios.
Como segundo gran eje, la estrategia sitúa la rehabilitación del parque residencial y la regeneración urbana. Este bloque engloba actuaciones orientadas a mejorar las condiciones de conservación, seguridad y habitabilidad de edificios y viviendas, avanzando al mismo tiempo en su accesibilidad -mediante la instalación de ascensores y la eliminación de barreras arquitectónicas- y en su eficiencia energética con mejoras en el aislamiento. Asimismo, se abordará la recuperación integral de barrios y espacios públicos a través de instrumentos como las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), la restauración de edificios de interés arquitectónico y un plan específico para impulsar la rehabilitación de 22.000 viviendas dentro del parque público.
El tercer pilar se centra en las ayudas al acceso a la vivienda y la emancipación juvenil, contemplando subvenciones directas a la compra, al alquiler y fórmulas de alquiler con opción a compra. Este apartado mantiene el respaldo a las personas especialmente vulnerables en colaboración con el Tercer Sector y presta una atención prioritaria a las familias numerosas, facilitándoles el acceso a inmuebles que se ajusten a sus necesidades específicas de espacio y a un mercado habitualmente más limitado y costoso.
Finalmente, el cuarto pilar abarca el impulso de la investigación, la innovación y la formación vinculadas al sector residencial. Mediante este bloque, la Junta promoverá la investigación social y técnica, la innovación en los sistemas constructivos y la transferencia de conocimiento, persiguiendo soluciones mucho más eficientes y sostenibles tanto para la edificación de nuevas viviendas como para la intervención en el parque ya existente.
24 millones para el "Alquiler Joven de Andalucía"
En el plano más inmediato, la consejera ha detallado el programa Alquiler Joven de Andalucía, anunciado por el presidente andaluz, Juanma Moreno. Esta línea destinará 24 millones de euros a subvencionar hasta 250 euros mensuales durante un máximo de 24 meses (hasta 6.000 euros por beneficiario) para jóvenes de entre 18 y 35 años con rentas limitadas durante los años 2027 y 2028.
Estas ayudas se tramitarán por concurrencia no competitiva -por orden de presentación- y exigirán que la vivienda constituya la residencia habitual del solicitante con unos ingresos que por norma general no superen tres veces el IPREM (cuatro en supuestos de unidades familiares). Serán incompatibles con el Bono Alquiler Joven durante el mismo periodo, de cuyas 15.001 solicitudes de la última convocatoria la Junta ha recordado que siguen en tramitación.
A este respecto, Díaz ha arremetido contra las políticas del Gobierno central y ha exigido "seguridad jurídica" para evitar que los pequeños propietarios ahorradores retiren sus pisos del mercado. Defendiendo que el precio por metro cuadrado en Andalucía es inferior a la media nacional, ha recordado que la aplicación de la ley estatal de vivienda es potestativa y que ningún ayuntamiento andaluz ha solicitado declarar zonas tensionadas. Frente a ello, los populares han reivindicado agilizar licencias y la construcción de vivienda protegida.
La oposición cruza reproches en la cámara
El paquete de medidas provocó un intenso debate político en la comisión. Desde el PSOE-A, el parlamentario Daniel Pérez recordó a la memoria de Mari Carmen Abascal y alertó de que en el primer trimestre se registraron 616 desahucios (una media de siete diarios), exigiendo a la Junta políticas con auténtica función social. Pérez afeó asimismo al Ejecutivo andaluz que no cofinancie con fondos propios el Bono Alquiler Joven y cifró en un 80% el encarecimiento de los arrendamientos en Málaga.
Por su parte, VOX reclamó rapidez en la entrega de llaves y defendió la figura de los pequeños propietarios frente al marco estatal, mientras que Por Andalucía rechazó que las ayudas directas a la demanda sirvan por sí solas para atajar el problema si terminan inflando los precios, exigiendo concebir la vivienda como un derecho fundamental y no como un mero producto de mercado. Desde el PP, se cerró filas contra los discursos ideológicos de la izquierda y se apostó decididamente por la ampliación de la oferta edificable como única vía eficaz.
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