El alcalde de Algeciras (PP) continúa estando en el ojo del huracán. Sobre José Ignacio Landaluce ha pesado durante los últimos meses una denuncia por acoso y malversación, tras conocerse hace dos inviernos unos chats de WhatsApp entre algunas de sus trabajadoras donde se le acusaba de comportamientos que acabaron llevándole al tribunal. Sin embargo, la Fiscalía del Supremo no vio delito de acoso.

Asimismo, una de estas trabajadoras que aparecía denunciando sus comportamientos en el grupo de WhatsApp, fue cesada por Landaluce tras un escándalo judicial. Cuando este escándalo no se esclarecía, y la trabajadora tenía la incumplida promesa de que sería recolocada por parte del regidor, amagó con contar cosas que pondrían en un aprieto al alcalde popular. Meses después, un diario local publicó que estaba trabajando en una residencia de titularidad pública, presuntamente colocada por Landaluce. Otra denuncia que también fue archivada por Fiscalía.

Las presuntas acosadas nunca admitieron públicamente tales hechos, aunque trascendieran sus pantallazos, previsiblemente difundidos por la trabajadora que acabó finalmente trabajando en la residencia. Sin embargo, las concejalas afectadas, Susana Pérez Custodio y Eva Pajares, ocupan hoy cargos de relevancia en el ámbito local, la primera como presidenta de la Mancomunidad de Municipios y la segunda como responsable de la Delegación Territorial de Salud.

Pese a que las pruebas fueron 'vox populi', el presidente de la Junta de Andalucía no actuó en ningún momento, manteniéndose completamente al margen de lo que ocurría con el senador del PP. Un comportamiento similar al que está llevando a cabo con la trama corrupta que se ciñe sobre la Diputación de Almería y que afecta hasta a 43 personas, por el momento. 

Desde el PSOE de Algeciras, incluso desde la propia secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se llegó a reclamar a Moreno Bonilla que forazara la dimisión de Landaluce, cuando sobre él se cernían dichas acusaciones. Fue el propio Landaluce el que abandonó la organización, pero nunca existió, que se conozcan, conversaciones entre el máximo mandatario andaluz y el político algecireño. Montero incluso llegó a ofrecer la posibilidad de un nuevo alcalde, contando con el apoyo de los concejales socialistas, una petición que le ha repetido este mismo fin de semana.

La manera de "ser y estar" de los socialistas

Por el contrario, y tal y como ha manifestado este martes el portavoz de Presidencia socialista, Mario Jiménez, en la polémica que ha rodeado al alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera, el modo de actuar del PSOE ha sido totalmente contrario, mostrándolo como "ejemplo" frente a la "complicidad vergonzosa" de Moreno con Landaluce.

Portavoz de presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez
Portavoz de presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez

El dirigente socialista ha recordado que Agüera "denunció una conspiración de la derecha de su pueblo que no pudo vencerle en las urnas" y acudió a "planteamientos arteros", para subrayar entonces que "ahora un juzgado se ha pronunciado y ha puesto las cosas en su sitio".

Jiménez se ha declarado partidario de "respetar los pronunciamientos judiciales" al tiempo que ha aludido a Agüera como "ex alcalde" para reivindicar sus exigencias hacia éste "en cuanto se conoció la sospecha", aun cuando ha sostenido que ese excederse en ocasiones forma parte de "la manera de ser y estar" de los socialistas.

Finalmente, el socialista ha subrayado que Agüera "dio un paso atrás demostrando su compromiso institucional", al tiempo que ha subrayado que se trata de "un alcalde que tiene el 80% del Pleno", así como se trata de un regidor "querido, respetado por su pueblo".

Denuncia archivada 

Este martes se ha conocido que el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha ordenado el archivo de la causa contra Diego Manuel Agüera, por presunto acoso a un menor.

Según el auto, el juez considera que "de lo actuado, no aparece debidamente justificado la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa", por lo que ha procedido a acordar el "sobreseimiento provisional de las actuaciones". Contra esta resolución cabe interponer un recurso de reforma, así como un recurso de apelación.

El 23 de febrero Agüera renunciaba a su cargo tras ser denunciado por un empleado municipal ante la Fiscalía por presunto acoso a un menor de edad de la localidad. Asimismo, aseguraba que hacía "un paréntesis" en su vida política para dedicarse "plenamente" a su defensa. Por último, expresaba que este empleado habría "malignamente interpretado una conversación".