Un coloso de hormigón ante el Mediterráneo: el rascacielos del puerto de Málaga, varado entre juzgados y rechazo ciudadano

Durante más de diez años, Málaga ha convivido con un proyecto que no se construye, pero que ya ha dejado huella: una profunda fractura social y política. El rascacielos hotelero proyectado en el Dique de Levante —hoy oficialmente detenido— se ha convertido en el mejor ejemplo de cómo una gran operación urbanística puede avanzar entre despachos mientras pierde pie en la calle y en el paisaje.

La decisión del Puerto de Málaga de frenar la iniciativa, a la espera de dos pronunciamientos judiciales, no es un simple trámite administrativo. Es, sobre todo, la evidencia de que el proyecto nunca ha conseguido resolver su mayor debilidad que es demostrar que responde al interés general. Un requisito legal imprescindible y, al mismo tiempo, un concepto cada vez más difícil de sostener cuando se aplica a un hotel de lujo de 144 metros de altura en un enclave cargado de valor histórico y simbólico.

La torre no siempre fue tan alta. Lo que empezó como un edificio de 116 metros ha ido creciendo con el paso de los años hasta rozar el techo máximo permitido. El diseño actual, firmado por David Chipperfield, alcanza los 144 metros e incluye cerca de 400 habitaciones, zonas comerciales, espacios de ocio y un auditorio de gran capacidad. Para sus promotores, una operación de “regeneración urbana”; para sus detractores, una apropiación privada del horizonte común.

Para hacer viable esa escala, el Ayuntamiento aprobó en 2023 una modificación del planeamiento que multiplicó por siete la edificabilidad del suelo portuario. Una decisión jurídicamente válida, pero políticamente reveladora: el planeamiento adaptado al proyecto, y no el proyecto al planeamiento. Esa lógica es la que ha alimentado los recursos que hoy siguen su curso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Las alertas no han llegado solo desde el activismo local. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo asesor de la Unesco, ha sido tajante: el impacto visual del rascacielos sobre la ciudad histórica sería irreversible. No mitigable, no corregible, no compensable con zonas verdes ni paseos remodelados.

Pese a ello, el proyecto ha contado con el respaldo político del alcalde Francisco de la Torre, que lo ha defendido como emblema de modernidad. Una modernidad que, para buena parte de la ciudadanía, se parece más a un producto del marketing urbano global que a una respuesta a las necesidades reales de Málaga.

La postura de la oposición municipal frente al rascacielos del puerto de Málaga ha sido mayoritariamente contraria. En conjunto, los grupos no gobernantes han coincidido en cuestionar tanto el fondo del proyecto como la forma en que se ha tramitado.

Críticas de la oposición

Los grupos de la oposición han denunciado que el rascacielos responde a un modelo especulativo y turístico, orientado a un hotel de lujo, y no a las necesidades reales de la ciudad. A su juicio, el proyecto privatiza un espacio estratégico del litoral y consagra un uso elitista del puerto, en detrimento del interés general.

Uno de los ejes comunes del discurso opositor ha sido la alteración del planeamiento a medida del proyecto. La modificación aprobada por el Ayuntamiento - que multiplicó por siete la edificabilidad del suelo portuario - ha sido interpretada como un ejemplo de urbanismo inverso: primero el edificio y después las normas. Para la oposición, este precedente es peligroso y difícilmente justificable.

La ciudadanía, al margen

La plataforma Defendamos Nuestro Horizonte se ha consolidado como el principal foco de oposición social. Con financiación propia y campañas de micromecenazgo, ha llevado el proyecto a los tribunales denunciando irregularidades urbanísticas y, sobre todo, la ausencia de un debate ciudadano previo. Su planteamiento es incómodo para las instituciones: no se limita a rechazar la torre, sino que cuestiona el modelo de ciudad que se está decidiendo sin participación real.

La falta de consulta pública contrasta con la magnitud de la intervención. El Dique de Levante y el Paseo de la Farola - este último Bien de Interés Cultural - no son espacios residuales, sino lugares cargados de memoria, simbolismo y función urbana. Transformarlos sin un consenso amplio convierte cualquier promesa de “espacio público” en un argumento endeble.

Los defensores del rascacielos apelan al empleo, la inversión y la actividad económica. Argumentos previsibles y recurrentes en este tipo de operaciones. Pero la duda persiste: ¿puede un hotel de lujo justificar por sí solo un impacto paisajístico permanente? ¿Es interés general aquello que genera beneficio privado aunque altere de forma irreversible el perfil urbano?

Que Puertos del Estado haya devuelto el expediente reclamando una mayor justificación no es un detalle menor. Es una señal clara de que el relato no está cerrado, de que el consenso no existe y de que la ciudad empieza a mirar su horizonte con algo más que resignación.

El bloqueo actual puede leerse como un fracaso o como una oportunidad. Volver al inicio - o incluso retroceder más, como reclaman los colectivos ciudadanos - permitiría, por primera vez en esta larga historia, un debate público real, informado y con consecuencias sobre el uso del litoral y el modelo de desarrollo urbano.