Fue uno de los guiñoles más populares de Canal Plus en aquella segunda mitad de los 90 en que el PSOE no lograba recuperarse de la conmoción sufrida por la pérdida del poder en 1996 y en que la entonces poderosa Junta de Andalucía de Manuel Chaves asumía el papel de oposición al Gobierno de José María Aznar que Ferraz no estaba en condiciones de articular.
En efecto, el guiñol que representaba a Manuel Chaves no solo hizo muy popular al presidente andaluz en toda España, sino que sus problemas de dislexia, que hasta entonces solo habían sido objeto de burla, se acabarían convirtiendo en un activo del personaje, con quien mucha gente empezaría a empatizar como no lo había hecho hasta entonces.
El grito de guerra del Chaves de Canal Plus eran ‘los minolles’ que el Gobierno de España debía a Andalucía por la exclusión de cerca de medio millón de andaluces en el cálculo de la financiación autonómica.
Veinte años después
Poco podían imaginar entonces los confiados socialistas que veinte años después su exitosa estrategia victimista iba a tener continuidad en una Junta de Andalucía gobernada por las derechas. Puede que Chaves no tuviera entonces la razón al cien por cien, como tampoco la tiene ahora Juanma Moreno, pero en ambos casos había agravios objetivos suficientes para sostener verosímilmente la reclamación de ser tratados con justicia.
La Junta de Andalucía reclama 537 de los 2.500 millones de euros que el Estado adeuda a las CCAA del IVA de noviembre de 2017, que no computó ni ha sido liquidado a las arcas autonómicas debido a un cambio en la normativa del impuesto impulsado por el entonces ministro Cristóbal Montoro.
Las autonomías conocieron ayer la posición de la ministra de Hacienda, María Jesús Montoro, que ya había avisado de que actualmente no era posible revisar la liquidación del año 2017 como reclamaban buena parte de las comunidades para cobrar ese mes pendiente de pago del IVA autonómico.
La propuesta de Montero
Hacienda propone ampliar la horquilla de déficit en que podrán incurrir las CCAA este año y el que viene, y al mismo tiempo está dispuesta a no tener en cuenta la parte de déficit imputable al IVA dejado de percibir por el cambio normativo de 2017, por lo que se descontará ese importe a la hora de evaluar si una comunidad ha cumplido el déficit de 2019. Así, si tras descontar el efecto del IVA, las comunidades registran un déficit del 0,1% o inferior, se entenderá que cumplieron el objetivo en 2019.
Aunque insuficiente, esta última medida es del agrado de Andalucía porque seguramente le permitirá 'salvar' sus cuentas de 2019, en las que sin duda habrá sobrepasado el techo de déficit porque en sus Presupuestos incluyó como ingresos los 537 millones del IVA pendiente, pese a saber que no iba a cobrarlos porque su respaldo normativo eran unos Presupuestos del Estado de 2019 que no habían sido aprobados.
Con la propuesta de Hacienda, si una comunidad, tras descontar el efecto del IVA cumple con el objetivo de déficit, no tendrá que presentar un Plan Económico Financiero (PEF). Además, si se acogen a los mecanismos de financiación, quedarán asignadas al Fondo de Facilidad Financiera y no al FLA, lo que implica poder compaginar la adhesión a los mecanismos extraordinarios de liquidez con la salida a los mercados.
En la hiperbólica terminología acuñada por el Gobierno que preside Juanma Moreno, de implementar Hacienda los planes anunciados ayer por María Jseús Montero, Andalucía dejará de "estar intervenida".
"Nos ofrecen un préstamo"
Aunque las comunidades socialistas admiten, si bien no de muy buen grado, la solución que les ofrece Hacienda para no pagarles los 2.500 millones de euros, las gobernadas por el PP se han plantado. Quieren, como diría el guiñol de Chaves, sus ‘minolles’. Y si no los obtienen, los reclamarán en los tribunales.
"Salimos profundamente preocupados porque vemos que la solución que se busca para este país no es la del compromiso con las comunidades autónomas", dijo ayer el consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
"Nos ofrecen un préstamo; hemos propuesto posibilidades pero la ministra no quiere pagar los 2.500 millones", recalcó no sin razón Bravo, quien también criticó que no se hubiera ofrecido a las comunidades el déficit que se reserva el Estado y reclamó para las autonomías la información que Hacienda les exige a ellas: "Yo creo que la lealtad es compartir lo bueno y lo malo que tenemos cada uno", ha añadido.
En este encuentro Montero anunció a los consejeros la nueva senda de estabilidad, que da más margen a las CCAA al quedar fijado el objetivo de déficit en el 0,2% del PIB este año, en el 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario desde 2022. Esto supone para el ejercicio actual dos décimas más que la senda vigente, aprobada por el Gobierno del PP en 2017, y que establecía equilibrio presupuestario para las comunidades este año.
