¿Tránsfuga? ¿Qué tránsfuga? Así podría resumirse la actitud negacionista del consejero de Presidencia, portavoz de la Junta y expresidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, al ser preguntado hoy por la exigencia de Cs al PP para que “rectifique y revoque la inclusión del tránsfuga Juan Cassá en el Gobierno de la Diputación provincial”.

Según la interpretación de Bendodo, Juan Cassá, hoy diputado no adscrito tras abandonar Cs pero no su acta de concejal y diputado, no forma parte del Gobierno de la institución supramunicipal malagueña y, por tanto, "no hay ningún tránsfuga" en dicho Ejecutivo.

Para el portavoz del Gobierno andaluz, "Cassá tiene ahora la misma responsabilidad que antes y no forma parte de la Junta de Gobierno; si lo que le preocupa a Cs es que haya un tránsfuga en el Gobierno de la Diputación, no es así", ya que el diputado no adscrito tiene una responsabilidad "representativa, no ejecutiva".

Con un sueldo anual que rondará los 90.000 euros (73.422 euros anuales en la Diptuación más sus honorarios por asistencia a plenos y comisiones municipales), Cassá seguirá como edil en el Ayuntamiento de la capital y diputado no adscrito en la Diputación Provincial, donde desempeña las tareas de portavoz del gobierno de PP y Ciudadanos y, además, responsable del Área de Relaciones Institucionales.

Cabe recordar que los populares y la formación naranja mantienen sendos pactos de gobierno en el Ayuntamiento de la capital, donde ahora están en minoría tras la marcha de Cassá, y en la Diputación, donde este cambio no repercute en la estabilidad. Cs y la oposición de izquierdas en el Ayuntamiento de Málaga sospechan que la súbita mejora salarial y política de Cassá es el modo ideado por el PP para garantizar la estabilidad muncipal.

El pacto antitransfuguismo suscrito por todos los partidos, entre ellos el PP, en el año 2006 entiende que son tránsfugas “llos representantes locales que, traicionando a sus compañeros de lista y/o grupo, manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los presentó en las correspondientes elecciones locales, o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, o habiendo sido expulsados de éstas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad, o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad”.

“El PP todavía está a tiempo de rectificar”, han manifestado en una rueda de prensa conjunta el portavoz naranja en la institución provincial y vicepresidente, Juan Carlos Maldonado, y la portavoz en el Ayuntamiento, Noelia Losada, socios del PP en los gobiernos de ambas instituciones.

“Ciudadanos ha sido un socio muy leal y tenemos que seguir siéndolo trabajando juntos”, ha precisado Losada, quien ha solicitado de todas las formaciones políticas “un cierre de filas en torno al transfuguismo” porque según ha dicho, Ciudadanos “no puede aceptar actitudes que denigran la política” y ha reclamado “ejemplaridad” a los populares. “El PP todavía está en tiempo de volver a la situación anterior y no hacer la más absoluta concesión a una persona que ha abandonado el partido llevándose el acta”, ha asegurado sobre la posición de Cassá.

Por su parte, Juan Carlos Maldonado ha reiterado que Juan Cassá es un tránsfuga, según el pacto alcanzado entre todas las formaciones políticas en 2006 y se ha mostrado convencido de que el PP “va a rectificar” su acuerdo con el ex naranja en el gobierno provincial. “Apelo y espero PP valore la contribución de lo que significa Cs en los gobiernos donde está en Málaga, un pacto que está funcionando”, ha concluido.

El pacto de 2006 obliga a los partidos a “impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener activamente o cambiar las mayorías de gobierno de las instituciones públicas, a no apoyar ninguna iniciativa que provenga de los mismos, y a desincentivar el transfuguismo político a través de la adopción de medidas disuasorias de carácter reglamentario y protocolario”. Igualmente, los partidos firmantes “se comprometen a no aceptar en sus equipos de gobierno municipal a miembros de la corporación que se hayan convertido en tránsfugas con respecto a sus grupos de procedencia”.