El padre de la idea fue Vox, aunque su gran heredero es el Partido Popular. En efecto, el primero en poner en circulación la idea de que Pedro Sánchez es un dictador fue el partido de extrema derecha que lidera Santiago Abascal, que sustentó la moción de censura presentada en octubre de 2020 contra el Gobierno en la acusación de que el presidente era “un dictador” y el presidente "más nocivo de los últimos 80 años", mucho peor en su opinión que Francisco Franco.

La brocha gorda de Vox la ha retomado ahora, a modo de testigo, el Partido Popular al incorporar a su argumentario oficial la idea de que Sánchez es un gobernante extremadamente peligroso que quiere acabar con la democracia. El coordinador general del partido, Elías Bendodo, no pudo ser más explícito ayer en Torremolinos, según recoge Europa Press: "Tenemos la obligación moral y ética -dijo- de acudir al Tribunal Constitucional y a donde haga falta para que este delirio dictatorial de Sánchez no siga adelante; ha utilizado la democracia para llegar al poder y ahora utiliza el poder para cargarse la democracia. Eso es el populismo de los países sudamericanos, lo está aplicando Sánchez ya aquí, está dando los primeros pasos para ir en ese camino".

Bendodo trazó un cuadro político verdaderamente tenebroso de la gestión de Sánchez por reformar “cuatro leyes orgánicas que implican abolir la sedición, abaratar el delito de malversación y cambiar las reglas del juego para controlar el Poder Judicial, todo de una tacada, en pleno puente, antes de final de año, en estas fechas, por la puerta de atrás, sin los informes necesarios y preceptivos, de forma exprés".

El procedimiento de reforma legislativa denunciado por el PP y por otras fuerzas polítcas consiste básicamente en introducir la tramitación de determinadas leyes de menor relevancia enmiendas para cambiar leyes de mayor rango que nada tienen que ver la anteriores. Al igual que otros presientes antes que él, Mariano Rajoy también utilizó esa ‘puerta de atrás’ que denuncia su partido durante la tramitación de 14 proyectos o reformas de ley para enmendar leyes que no tenían relación con el texto supuestamente enmendado.

También José María Aznar lo hizo: en 2003 incluyó en la Ley de Arbitraje una enmienda para tipificar como delito penal la posible convocatoria de consultas populares por medio de referéndum que preveía el Plan Ibarretxe. 

El exconsejero de Presidencia y exportavoz del Gobierno andaluz también apeló “al PSOE verdadero, ese de la Transición que hizo un buen papel esencial para el avance democrático" y al que contrapuso "el PSOE podemizado y entregado a los independentistas y radicales".

Y no solo entregado a los independentistas, sino imitándolos sin pudor: "Nos encontramos ante uno de los peores momentos de los últimos 44 años de democracia (…) da vértigo comprobar que tenemos un presidente del Gobierno que está desafiando al Estado de Derecho, tal y como hizo el independentismo en 2017, le da igual, se expone a una huida de inversiones en nuestro país y a un quebranto económico para España, como ocurrió en Cataluña, porque esto lo hemos vivido; a él le da absolutamente igual. A Sánchez solo le preocupa Sánchez".