Ocurrió el mismo día y casi a la misma hora. Los ayuntamientos de Sevilla y Barcelona celebraban ayer sendas sesiones plenarias que, sin pretenderlo, acabaron guardando una preocupante simetría: mientras la Corporación catalana apostaba por la abolición de la monarquía y acordaba "rechazar y condenar el posicionamiento del Rey Felipe VI, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia ejercida por los cuerpos policiales el 1 de octubre", la Corporación andaluza aprobaba una moción en defensa de los "símbolos" nacionales y de la monarquía, del español como "lengua vehicular y común" de la enseñanza en todas las comunidades autónomas y hasta de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña "con la amplitud y duración que se requiera”.
La moción aprobada por el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PSOE, fue idea del PP y sumó el apoyo de los concejales de Ciudadanos y la abstención del Grupo Socialista, mientras que Participa Sevilla e Izquierda Unida la rechazaron.
Simétricamente, la declaración institucional de Barcelona fue promovida por la CUP y suscrita por los Comunes de la alcaldesa Ada Colau, el PDeCAT, ERC y los dos concejales no adscritos; Cs, el PSC y el PP la rechazaron.
El pleno de Sevilla
La moción elevada a pleno en Sevilla por los populares pone en valor la Constitución Española, gracias a la cual "España ha vivido sus mejores años de progreso" y desarrollo social y económico, reivindica la Transición y las leyes y acuerdos surgidos de la misma, como "bases" de la actual democracia y estado de derecho y rechaza "cualquier tipo de revisionismo de esta época decisiva", informa Europa Press.
La moción del PP reclama además defender la monarquía parlamentaria como "símbolo de la unidad y permanencia de una nación milenaria como España" y su "inestimable y extraordinaria contribución" a la Transición y a la unidad de España.
Además, la propuesta reclama "defender el español como lengua vehicular y común de la enseñanza en todas las comunidades autónomas, respetando siempre las lenguas cooficiales reconocidas en los diferentes estatutos de autonomía, pero sin que dichas lenguas sean impuestas", así como "apoyar la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española de manera firme, con la amplitud y duración que se requiera, para frenar el desafío independentista catalán".
Durante el debate plenario, el portavoz municipal de IU, Daniel González Rojas, encuadraba la propuesta en una "competición" del PP con Ciudadanos y Vox "para ver qué partido es más de ultraderecha", precisando a los populares que España "no tiene mil años de historia como nación". Pero sobre todo, llamó a no "dulcificar la transición", porque fue un periodo con "avances y luces, pero también con sombras", toda vez que a su juicio la monarquía es una institución "anacrónica y corrupta" y la solución al conflicto catalán "no es el artículo 155" ni "golpear" a los independentistas.
Por el PSOE, la concejal Carmen Castreño también compartió la idea de llevar "la bandera de España con muchísimo orgullo", advirtiendo no obstante de que la moción del PP "oculta" el hecho de que el PP "quiere imponer a Cataluña el artículo 155". El alcalde, Juan Espadas, alertó de que el PP sólo pretendía "una votación del artículo 155 adornada" con aspectos "sagrados" para el PSOE, para poner a los socialistas contra las cuerdas.
El pleno de Barcelona
El texto de Barcelona reafirma el compromiso del Ayuntamiento con los valores republicanos, apuesta por la abolición de "una institución caduca y antidemocrática como la monarquía" y critica la judicialización de la política y violencia que sostiene que se ha ejercido contra los derechos fundamentales.
La declaración catalana también acuerda "reprobar los actos represivos en contra de la ciudadanía y condenar las amenazas de aplicación del artículo 155 de la Constitución, la amenaza de la ilegalización de partidos políticos catalanes".
En la exposición de motivos, señala que el Rey emitió un discurso amenazador contra parte de la población que dice representar para acabar con la movilización popular y preservar la unidad de España a cualquier precio, y que lo hizo ejerciendo "una de las funciones por las cuales la dictadura franquista le otorgó privilegios".
El grupo municipal de Cs se ausentó del pleno en el momento de la lectura de la declaración, porque los asuntos abordados en la moción ”no son competencia del Ayuntamiento y son inaceptables”.
Alberto Fernández (PP) lamentó que la formación de la alcaldesa, Ada Colau --que no estaba en el pleno en ese momento-- firmara una declaración que representa un "menosprecio a la corona y a la unidad de España".
