El Ayuntamiento de Benalmádena, cercado por sospechas de corrupción

Benalmádena vive bajo una creciente sombra de escándalo. El equipo de gobierno liderado por el alcalde del PP, Juan Antonio Lara, se encuentra en el punto de mira tras la sucesión de causas judiciales que, según denuncia el PSOE, dibujan un panorama “insostenible” y plagado de sospechas de corrupción.

El secretario general socialista, Víctor Navas, ha sido tajante en declaraciones a ElPlural.com afirmando que “No estamos ante hechos aislados, sino ante un patrón preocupante”. Y ese patrón, asegura, tiene un denominador común como es “el presunto trato de favor a personas cercanas al poder municipal, una forma de gobernar basada en el clientelismo y el caciquismo”.

Acumulación de causas

La polémica ha estallado con la reapertura del conocido como “caso Charters”, que investiga posibles delitos de malversación y prevaricación en la gestión del Puerto Deportivo. Los hechos denunciados por los socialistas se remontan al periodo posterior a las elecciones municipales de mayo de 2023, coincidiendo con el cambio de gobierno local. Durante el anterior mandato, el equipo socialista impulsó un proceso de regulación de la actividad de las embarcaciones de recreo (chárteres) en el Puerto Deportivo, que hasta ese momento se desarrollaba sin control efectivo por parte de la administración.

Dicha regulación implicaba el pago de un canon anual por la prestación de servicios, lo que generó rechazo en parte del sector. El PSOE sostiene que, una vez en el gobierno, el alcalde Juan Antonio Lara y su equipo habrían favorecido “presuntamente” la exoneración del canon a determinadas embarcaciones. Para ello, señalan, el Puerto Deportivo habría contratado como asesora a la misma abogada que meses antes había denunciado la regulación impulsada por el anterior equipo de gobierno, lo que, a su juicio, plantea dudas sobre posibles incompatibilidades.

A esta causa se suma la imputación del concejal de Comercio, Raúl Campos, en el denominado “caso Vistamar”, relacionado con un supuesto trato de favor a un establecimiento hotelero. Se investiga la reapertura del hotel Vistamar tras haber sido clausurado por explotación ilegal. El juez de Torremolinos ha citado como investigados al concejal del gobierno, Raúl Campos, y a un funcionario municipal por autorizar en 2024 su vuelta a la actividad. La causa, en la que ya hay seis detenidos, incluye delitos como falsedad, estafa, delitos contra la Administración y organización criminal, y trata de esclarecer si hubo una trama para permitir el funcionamiento del hotel al margen de la ley.

Y en el centro del huracán, el propio alcalde ya que los socialistas recuerdan su imputación en el llamado “caso legionela”, vinculado a la compra de maquinaria a través del entorno familiar de una edil y bajo sospecha de fraccionamiento de contratos. una investigación judicial abierta tras detectarse esta bacteria en un centro educativo del municipio en 2024.

En síntesis, el origen está en la aparición de legionela en el colegio Mariana Pineda, lo que llevó a revisar cómo se gestionaron los sistemas de control y prevención. A partir de ahí, se investigan posibles irregularidades en contratos públicos relacionados con la compra de equipos, con sospechas de prácticas como adjudicaciones poco transparentes o sin los procedimientos adecuados.

 Bajo sospecha

Para la concejala y diputada socialista María Isabel Ruiz, la situación es alarmante: “En apenas tres años de mandato, parte del equipo de gobierno está investigado en distintas causas relacionadas con la gestión pública”.

Pero el golpe no termina ahí. Según el PSOE, el gobierno municipal acumula hasta 17 demandas por falta de transparencia, con varias condenas en costas ya firmes contra el Ayuntamiento.

Además, el presupuesto municipal de 2024 - el primero elaborado por el actual alcalde - ha acabado en los tribunales, siendo anulado y provocando la intervención de otras administraciones.

Los socialistas también apuntan a la supuesta vinculación de miembros y asesores del actual equipo con escándalos de etapas pasadas, lo que, a su juicio, agrava aún más la crisis de confianza institucional.

Mientras tanto, decisiones clave para el futuro de la ciudad - como el desarrollo de Tivoli World o la gestión del agua - avanzan en un clima de creciente desconfianza.

Desde el PSOE no dejan margen a la duda y exigen comparecencias públicas inmediatas y transparencia total. “Los vecinos merecen saber qué está pasando en su Ayuntamiento”, insisten Navas y Ruiz.

Y lanzan un último dardo recordando que durante los ocho años de gobierno socialista “no hubo ninguna investigación por corrupción que afectara a la Alcaldía”.