El viejo chiste es algo chusco para ponerlo por escrito pero lo bastante expresivo como para justificar su inclusión en un texto: “No me molesta que me llamen hijo de puta, lo que me molesta es el tonillo”. Algo parecido ocurre con las juezas Mercedes Alaya y María Núñez Bolaños, exinstructora e instructora del caso de los ERE: ambas sostienen que los expresidentes Chaves y Griñán pudieron cometer el delito de prevaricación continuada, pero lo sostienen con un ‘tonillo’ muy distinto. A efectos procesales el tono no es un hecho necesariamente relevante, aunque sí pueda serlo a efectos personales de los imputados, que seguramente encontrarán en Bolaños a una interrogadora no más benévola que Alaya, pero sí menos inquisitorial al estar menos implicada personalmente en el caso. Los ERE son un hijo judicial de Alaya, su trabajo profesional más complicado y relevante en todos los sentidos, como determinado libro para un escritor, mientras que para Bolaños son un caso más: difícil y comprometido, pero uno más. [cita alineacion="izquierda" ancho="100%"]DE 'ERA UNA SUBVERSIÓN' A 'NO ERA PRECEPTIVO'[/cita] Ese diferente grado de implicación se refleja en la prosa de una y otra. Aunque no difiere sustancialmente en sus conclusiones de las elaboradas por su antecesora, el lenguaje judicial de la juez Núñez Bolaños en el auto conocido ayer de apertura de diligencias sobre los expresidentes y 50 altos cargos más es mucho más cauto y prudente que el de su predecesora en el juzgado 6. Recordemos que Mercedes Alaya llegó a hablar, en su escrito al Tribunal Supremo, de “una auténtica subversión del ordenamiento jurídico”. O de que “esta subversión normativa y procedimental determinaba presuntamente que las ayudas, en gran parte de los casos, terminaran en manos de personas y empresas que por un motivo u otro estaban próximas al entorno de los sindicatos, de cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE andaluz”. Y también hablaba de “un uso de los fondos públicos claramente desigualitario y arbitrario”. Donde Alaya decía todo eso, Bolaños se limita, mucho más asépticamente, a hablar de que la partida presupuestaria 440 de la Consejería de Empleo “no era la preceptiva para la concesión de subvenciones”; o de que hubo una “elaboración incorrecta del anteproyecto de Presupuesto”; o de que los fondos o las modificaciones de créditos nominalmente destinados a gastos de explotación del IFA se destinaban realmente “a pagos a terceros en concepto real de subvenciones”. [cita alineacion="izquierda" ancho="100%"]ADIÓS A LOS ADJETIVOS[/cita] La nueva titular del Juzgado 6 de Instrucción se refiere en su auto a “hechos relativos a la participación activa y consciente en el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico, con las importantes consecuencias que se derivan…”, una descripción mucho más distanciada y cautelosa que la utilizada en numerosas ocasiones por Alaya: por ejemplo en el auto de 31 de octubre de 2013, relativo a Magdalena Álvarez, en el que crudamente se refería a la “ilícita intervención en los hechos” de la exconsejera o “a los pasos que la misma dio en connivencia con otros para instaurar el ilegítimo sistema de las transferencias de financiación”. Ahora bien, Bolaños comparte en lo sustancial las conclusiones de la instrucción de Alaya en lo relativo a haber ideado –y eso en el mejor de los casos– un verdadero atajo administrativo que ambas consideran prevaricación continuada. Como no podía ser de otra manera, Bolaños no hace una investigación propia, sino que se limita a resumir –y asumir– la investigación ya realizada por Alaya; ahora bien, lo que no hace Bolaños es un ‘corta y pega’ de los autos de su predecesora: toma muchas más precauciones, se guarda para sí los adjetivos temerarios, las conjeturas políticas y las conclusiones precipitadas, aunque no por ello es menos clara y contundente en su exposición. [cita alineacion="izquierda" ancho="100%"]AYUDAR, SUBVENCIONAR, ¿PREVARICAR?[/cita] Lo que, en todo caso, sigue siendo controvertido es la propia calificación penal de lo sucedido. Resulta difícil creer que medio centenar de altos cargos de la Junta de Andalucía dieran su visto bueno personalmente –y por eso están imputados personalmente– a un procedimiento de concesión de ayudas sabiendo que era ilegal y, por tanto, prevaricando. Dado que no obtuvieron ni esperaban obtener ningún beneficio económico personal, ¿por qué habrían actuado así? ¿Por inercia, por cobardía, por obediencia, por ignorancia, por pereza? ¿Para no perder el cargo? ¿Para que su partido ganara las elecciones? Es más, se da la circunstancia de que también han resultado imputados los miembros del Gobierno andaluz que en 2010 –un año después de conocerse el caso Mercasevilla, capítulo inaugural del libro gordo de los ERE– implementaron la fórmula de la encomienda de gestión para solucionar el problema. O sea, que quienes quisieron ‘legalizar’ o ‘normalizar’ el procedimiento también habrían cometido prevaricación, es decir, también habrían sabido que estaban haciendo trampas. Pero ¿tiene sentido que haga trampas alguien que sabe que la justicia le está pisando los talones o, al menos, está investigando los desaguisados que él intenta arreglar? [cita alineacion="izquierda" ancho="100%"]MÓVILES Y DELINCUENTES[/cita] Ciertamente, la justicia no siempre necesita tener un conocimiento cabal del móvil del delito para perseguir al delincuente (he ahí el reciente caso Asunta), pero en determinadas ocasiones, como esta de los ERE, sin un móvil bien definido resulta muy difícil sostener la hipótesis de un conocimiento consciente y deliberado del delito que se estaba cometiendo: es más fácil en tal caso que se abra camino la mucho más verosímil hipótesis de que los imputados pudieron actuar de forma irregular administrativamente pero no reprochable penalmente. En todo caso, la división de la macrocausa en varias piezas permitirá, al menos, ir cerrando frentes en esta guerra interminable que son los ERE. Para los estupefactos imputados es un alivio, aunque sus careras políticas estén arruinadas para siempre. Ni siquiera una absolución podría restañar las profundas heridas y costurones abiertos en sus trayectorias políticas, profesionales y vitales. Los psiquiatras que tratan la ansiedad habrán hecho el agosto con ellos. Puede que sean inocentes penalmente, pero nadie creerá jamás que lo fueron políticamente. Aunque lo hayan sido.