Es poco probable que la supresión de los aforamientos de los políticos andaluces se haga efectiva en el escaso plazo de tiempo que pretende Ciudadanos. La divisa naranja en este asunto es ‘deprisa, deprisa’, mientras que el lema de los populares parece ser más bien ‘vísteme despacio que no tengo prisa’.

PP-A y Ciudadanos registraron ayer la proposición de ley en el Parlamento andaluz para suprimir el aforamiento del presidente de la Junta, los consejeros y los diputados autonómicos, para lo cual será preciso una reforma del Estatuto de Autonomía que para hacerse efectiva podría requerir la celebración de un referéndum si no hay un amplio consenso de los partidos tanto en el Parlamento andaluz como en el Congreso de los Diputados.

El fondo y la forma

Donde PP y Ciudadanos discrepan no es en el fondo del asunto, sino en las formas y los plazos. Y tiene sentido que así sea, al fin y al cabo la eliminación de los aforamientos para los políticos –aunque no para policías, jueces y fiscales, que constituyen el grueso de las 250.000 personas aforadas en España– siempre fue una de las principales banderas del partido de Albert Rivera. El PP se sumó a ella más por necesidad que por convicción, ya que en el fondo nunca le pareció que suprimir los aforamientos fuera ni de lejos la panacea que Ciudadanos dice que es.

Para el muy optimista portavoz naranja Sergio Romero los aforamientos podrían eliminarse "antes de que llegue el verano". No lo ve así ni mucho menos su colega popular, José Antonio Nieto: “No va a ser tan fácil porque la tramitación es larga y difícil”, auguraba ayer quien fuera número dos del Ministerio del Interior y alcalde de Córdoba.

El cuento de la lechera

Ciudadanos quiere que proposición de ley se tramite por lectura única para así acelerar los plazos y remitir rápidamente el texto al Congreso de los Diputados, aunque en estos momentos está disuelto y quien podría pronunciarse en el mejor de los casos sería la Diputación Permanente.

Para el PP, las cuentas de Ciudadanos se parecen al cuento de la lechera, aunque Nieto no utilizó, por supuesto, este símil para valorar los plazos tan alegremente calculados por sus socios: “No tengo claro –dijo– que la Diputación Permanente sea una solución”. En realidad, ni siquiera está claro que dicho órgano tenga competencias para decidir sobre una cuestión de tanto calado.

De hecho, para que prospere ese procedimiento simplificado de lectura única de la proposición de ley será preciso el consenso de los demás grupos políticos de la Cámara autonómica, algo muy poco probable.

Baste recordar que en al anterior legislatura el PSOE siempre se resistió a la supresión de los aforamientos no porque rechazara la iniciativa como tal, sino porque entendía que debe ser el Congreso quien la impulse para toda España.

Cifras de aforados

Como se sabe, un aforado es una persona que, por ejercer un cargo público o por su profesión, goza del derecho, en caso de ser imputado por un delito, de ser juzgado por un tribunal distinto al que correspondería a un ciudadano normal, lo cual no significa que pueda eludir la acción de la justicia.

En España hay más de 250.000 aforados. El grueso corresponde a los alrededor de 230.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyos delitos leves o menos graves cuando están ejerciendo sus funciones solo pueden ser juzgados por la Audiencia Provincial y no por el juez natural predeterminado por la ley.

Los casi 18.000 restantes aforados pertenecen a instituciones del Estado y de las comunidades autónomas, aunque el grupo más importante lo componen jueces (unos 5.500) y fiscales (2.550), para que no puedan ser investigados por sus compañeros, sino por el tribunal superior de justicia. A ellos hay que sumar los 7.600 jueces de paz. 

Además de los riesgos derivados de dejar a los políticos de la recién estrenada democracia en manos de unos jueces del antiguo régimen a los que inicialmente no llegó de lleno el cambio político, la razón aducida para justificar el aforamiento es evitar las presiones políticas a las que puede verse sometido un tribunal ordinario cuando juzga a un cargo público de responsabilidad. Se supone que un tribunal superior es más independiente ante estas presiones.