Por Andalucía ha denunciado al cantante y empresario José Manuel Soto tras haber detectado hechos que podrían ser constitutivos de conducta criminal en el procedimiento de adjudicación de su proyecto de senderos religiosos con la empresa Caminos de Andalucía S.L.. ElPlural.com ha podido acceder a la denuncia íntegra, que recoge diferentes aspectos fundamentales para entender el caso y los cargos de los que la formación progresista acusa al intérprete conservador.
La complicidad del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, fue clave para que este proceso siguiera adelante y lo hiciera, del mismo modo, esta denuncia, que presenta acusaciones de delito de prevaricación, malversación de caudales públicos, aprovechamiento de funciones, influencia indebida, favorecimiento personal y defraudación a un ente público.
"Se adjudica [un contrato público] a la empresa Caminos de Andalucía S.L. por encontrarse su oferta conforme a los precios de mercado observados para trabajos de similar naturaleza y alcance. Se denuncian faltas de transparencia en la adjudicación del contrato", arranca el texto, que describe la firma del contrato menor. La Junta de Andalucía no inicia una contratación pública, sino que se activa una licitación pública después que el empresario "ponga en un papel" su idea.
"Ponlo en un papel"
Como ya ha publicado anteriormente este medio de comunicación, Moreno Bonilla confesó que José Manuel Soto le "convenció" para sacar adelante este proyecto cuando se reunió con él. "Cuando él vino a traerme esta idea no venía ni con maletas, ni con mochila, ni con grandes proyectos, ni con maquetas ni cosas de esas, venía como él viene, con las ideas muy claras mirándome a los ojos muy vehemente en lo que cree y con esa inteligencia natural que él tiene para explicar las cosas", explicó el presidente de la Junta de Andalucía.
Soto, por su parte, entrevistado en Todo es Mentira, relató: "Yo voy a ver a Juanma, y le cuento una idea, ¿vale?, y Juanma me dice, me gusta la idea, desarróllala, habla con los técnicos, vete a la Consejería de Cultura, a la de Presidencia y búscate la vida. Me dice eso, y después de un año dando vueltas en Presidencia, me dicen: José Manuel, haz un estudio del proyecto, ponlo sobre un papel". El entonces Consejero de Presidencia era Elías Bendodo.
En esa misma entrevista, Soto enseña un papel y dice que "ahí está el estudio", pero en realidad es "simplemente un documento presentado por el empresario como el trabajo efectuado como consecuencia de la prestación del contrato", siempre según la denuncia. "Solamente me lo podían adjudicar a mí, porque la idea la llevo yo, entonces me lo adjudican a mí porque soy yo el que llevo la idea y no hay más nadie que pueda desarrollar ese estudio previo", agregó Soto, ante lo que los denunciantes consideran un "irregular, surrealista y casposo modus operandi".
"Un empresario visita a su amigo Juanma, va sin proyecto ni propuesta alguna y con una vehemente mirada y su inteligencia natural para explicar las cosas, le convence y le dice que vaya a las Consejerías pertinentes y se busque la vida. Una de ellas, la de Presidencia, le llama para que cambie el nombre de su empresa y le dicen que ponga en papel su idea para que lo llamen para adjudicarle un contrato público", continúa la denuncia.
Incumplimiento de contrato público y delitos sobre la mesa
Además de las irregularidades en el proceso, cambio de nombre y de objeto social incluido en la empresa, José Manuel Soto habría incumplido el contrato firmado con la Administración pública. En concreto, los puntos clave del contrato eran los siguientes:
- Propuesta de la delimitación de la red de caminos principales y posibles afluentes, con indicación de las localidades por las que transcurren, las etapas que se proponen y la distancia entre etapas.
- La propuesta de los puntos geográficos de la señalética que garantice el correcto discurrir de peregrinos y caminantes.
- Propuesta de determinación de las actuaciones competencia de la Administración que deberán implementarse como paso previo a la puesta en valor del producto.
- La propuesta de un logotipo de Caminos del Rocío.
- Definición de los servicios a prestar por la entidad gestora del proyecto para su correcto aprovechamiento una vez iniciado el mismo, entre los que deberán incluirse: A) Los canales de promoción del producto, así como su contenido, gestión y mantenimiento B) Las propuestas tecnológicas que garanticen soluciones digitales de información permanente a los caminantes sobre las características de los caminos, oferta de alojamiento, actualización de la oferta cultural y de ocio C) La gestión y mantenimiento de los soportes digitales de apoyo al caminante D) La supervisión de los caminos y traslado de información a la administraición sobre deficiencias a subsanar E) La instalación y mantenimiento de puntos autoasistidos de energía fotovoltaica para asistencia a los caminantes F) Las iniciativas que potencien la visualización del proyecto.
- La valoración del coste económico de la puesta en marcha y ejecución del proyecto, así como la valoración del coste económico anual de la gestión del producto en los términos propuestos.
De acuerdo con la denuncia de Por Andalucía, "el trabajo no cumple con las exigencias del contrato y parece estar elaborado con una aplicación de inteligencia artificial. Se encontraron numerosas deficiencias casi en todos los puntos". A su vez, en el estudio que Soto presentó se afirma que la Administración carece de los medios necesarios para la realización del proyecto, siendo necesario personal especializado en la materia para ello. La Administración acepta el proyecto sobreentendiendo que la empresa sí lo tiene, pero no lo investigan para corroborarlo. Tampoco lo tenían.
La Oficina Anticorrupción, por su parte, señala que "la falta de idoneidad y de capacidad técnica supone un vicio que comporta la nulidad en la adjudicación del contrato", además de determinar que existe una "falta de solvencia tanto objetiva como subjetiva".
En concreto, la denuncia presenta acusaciones por presuntos delitos de prevaricación en la ejecución de esta licitación pública, de malversación de caudales públicos por las subvenciones recibidas por el empresario, de aprovechamiento de funciones, influencia indebida y favorecimiento personal por cómo se dio la conversación entre el presidente de la Junta de Andalucía y el empresario, y de defraudación a un ente público por haberse comprometido a dar un servicio con el que Senderos de Andalucía S.L. era incapaz de cumplir.
