La crisis climática ya no se mide en informes científicos, sino en desalojos, en carreteras cortadas y en hogares arrasados por incendios o lluvias extremas. Frente a esta realidad, resulta inevitable recordar que el primer organismo eliminado por el gobierno de Carlos Mazón fue la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), un instrumento pensado para anticiparse y coordinar la acción en situaciones como las que hoy se repiten con cada vez más frecuencia.
Un comienzo con recortes simbólicos
La decisión se tomó en noviembre de 2023, apenas unos meses después de la llegada del nuevo Ejecutivo de PP y Vox a la Generalitat Valenciana. La eliminación de la UVE fue presentada como un gesto fundacional de la legislatura: el inicio de la llamada “reestructuración del sector público empresarial”. El Consell defendió que la unidad era innecesaria, que duplicaba servicios ya existentes y que su creación por parte del gobierno de Ximo Puig respondía más a criterios políticos que a necesidades reales. Vox, socio de coalición, llegó a calificarla de “organismo fantasma”.
El Ejecutivo de Mazón justificó la medida con un discurso orientado al ahorro y simplificación administrativa. Desde el gobierno afirmaron que la UVE “no mejoraba ni ampliaba ningún servicio de Emergencias”, que "solo creaba puestos para pagar sueldos a eventuales colocados a dedo", y que ya existían estructuras como el 112 o la Unidad Militar de Emergencias (UME) a escala estatal.
Sin embargo, el decreto de constitución de la UVE —aprobado en febrero de 2023— delineaba con claridad sus competencias: actuar de forma ágil en incendios forestales, DANAs, inundaciones, terremotos y cualquier otra catástrofe que exigiera coordinación rápida de medios. Lejos de ser un simple “chiringuito”, se trataba de una unidad destinada a reforzar la capacidad operativa en un territorio que, año tras año, se enfrenta a fenómenos meteorológicos extremos cada vez más devastadores.
De la teoría a la tragedia
En octubre de 2024, una DANA sin precedentes arrasó la Comunitat Valenciana. Varias localidades quedaron aisladas, centenares de familias perdieron sus hogares y la cifra de víctimas mortales dejó una profunda herida en la memoria colectiva. La respuesta institucional fue duramente cuestionada: los avisos llegaron tarde, la coordinación entre administraciones se vio entorpecida y la falta de una estructura específica como la UVE volvió al centro del debate político.
Un año después, los incendios forestales que este verano han devorado miles de hectáreas en Castellón y Alicante reabren la herida. Municipios desalojados, vecinos atrapados y equipos de extinción desbordados han puesto de nuevo de manifiesto la necesidad de contar con estructuras de emergencia fuertes, bien dotadas y con capacidad de anticipación.
Paradójicamente, tras la devastación de la DANA, el propio Consell de Mazón se vio obligado a anunciar la creación de una nueva unidad de alerta temprana, integrada en el Centro de Coordinación de Emergencias. Un organismo destinado a monitorizar riesgos y coordinar respuestas… con funciones muy similares a las que ya tenía previstas la UVE. La contradicción es evidente: lo que en 2023 se tachó de “innecesario” se reveló en 2024 como imprescindible.
Un ahorro que sale caro
La supresión de la UVE fue defendida como una medida de ahorro y eficiencia. Pero la pregunta que hoy resuena es cuánto cuesta realmente no haber invertido en prevención. Cada catástrofe natural deja tras de sí no solo pérdidas humanas y materiales, sino también un gasto millonario en reconstrucción, ayudas y despliegues de emergencia improvisados.
Los expertos en gestión de riesgos lo advierten: invertir en prevención es siempre más barato que reparar los daños. La UVE representaba esa lógica de anticipación, una apuesta por reforzar lo público frente a un escenario climático cada vez más hostil. La decisión de desmantelarla, en cambio, se apoyó en un discurso político que antepuso la reducción del sector público a la protección de la ciudadanía.
Los peligros de negar la evidencia
El debate sobre la emergencia climática no se limita a la Comunitat Valenciana ni a la supresión de la UVE. En el conjunto de España y de Europa se observa un patrón político cada vez más inquietante: el auge de discursos que relativizan o incluso niegan la magnitud del calentamiento global. Vox lo expresa sin ambages, hablando de “alarmismo climático” o de una “agenda ideológica verde”. El Partido Popular, aunque con un tono más moderado, ha dejado traslucir en varias ocasiones un escepticismo calculado, insistiendo en que no se deben “exagerar” las consecuencias del cambio climático o que no corresponde a los gobiernos autonómicos liderar la transición ecológica.
Las consecuencias de estas posiciones son evidentes. El negacionismo no detiene el incremento de fenómenos meteorológicos extremos, pero sí debilita la capacidad institucional para responder a ellos. Recortar estructuras, como ocurrió con la Unidad Valenciana de Emergencias, o posponer inversiones en prevención es condenar a la sociedad a vivir de espaldas a una amenaza que ya no es futura, sino actual. En un escenario en el que cada verano se multiplican los incendios y cada otoño se repiten las DANAs, cuestionar la necesidad de infraestructuras de protección y alerta no es un simple debate ideológico: es un error estratégico que se traduce en vulnerabilidad real para la población.