Duras palabras, como cabía esperar, de los partidos andaluces de la oposición sobre la gestión socialista al frente de la Junta de Andalucía que ha llevado al banquillo a dos de sus presidentes y dos decenas más de ex altos cargos. Con motivo del comienzo este miércoles de la vista oral de la pieza política del caso en la Audiencia de Sevilla, que deberá resolver una serie de farragosas cuestiones previas antes de pasar a los interrogatorios de testigos y acusados, los tres partidos de la oposición se han mostrado muy severos con las tres décadas y media de gobiernos del PSOE.

PP Podemos e IU coinciden en mostrarse muy contundentes al dar por hecho el fraude multimillonario en la gestión de los ERE, pero al mismo tiempo son extremadamente cautos en lo relativo a exigir la devolución de los cientos de millones supuestamente defraudados.

El enigma de los 6.000

La razón de tanta prudencia probablemente sea esta: más del 80 por ciento de esos 855 millones concedidos en ayudas sociolaborales durante más de diez años los han cobrado o los siguen cobrando los 6.000 trabajadores de las empresas reestructuradas o cerradas que amortiguaron el impacto de la crisis gracias a la partida presupuestaria 31L.

Como se sabe, entre los beneficiarios han sido finalmente detectados 126 intrusos que habrían percibido ilegítimamente 12 millones de euros. A esa cantidad habría que sumar cerca de 150 millones más que pudieron cobrar irregularmente mediadoras, aseguradoras y empresas y entidades que se beneficiaron injustificadamente de los fondos en cuestión. El resto del dinero ha ido a parar a esos 6.000 trabajadores de empresas efectivamente en crisis.

El PP eleva el fraude a 1.280 millones

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha exigido este miércoles que "paguen los responsables y que vuelva a las arcas públicas cualquier recurso” desviado por “el uso fraudulento de los ERE" que hizo el Partido Socialista. 

El pasado día 23, la portavoz de Empleo del PP en el Parlamento, Teresa Ruiz Sillero, informaba en rueda de prensa de que la Junta solo había recuperado el 8% de las cantidades reclamadas en el fraude de la formación y apenas el 0,53% del fraude total cifrado en 855 millones en el caso de los ERE.

Es más, a los delitos de inhabilitación y malversación planteados por la Fiscalía, la acusación del PP personada en la causa añadió el de asociación ilícita y elevó el perjuicio a las arcas públicas andaluzas hasta los 1.280 millones, cantidad en la que se incluyen los intereses. 

Dinero para vicios

Por su parte, Podemos Andalucía ha sido más duro incluso que el PP. Para su portavoz adjunta en el Parlamento, Esperanza Gómez, “el PSOE convirtió el desempleo en un negocio lucrativo para dirigentes, familiares y personas afines, enriqueciendo a una minoría privilegiada a la que se le costeaban vicios y prebendas”. Gómez acusó además a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de no aprobar “ninguna medida que impida un nuevo caso ERE”.

En la misma línea, la portavoz adjunta del grupo parlamentario de IULV-CA, Inmaculada Nieto, afirmaba que la Junta ha creado “una red una clientelar muy sólida que se ha llevado por delante el tejido productivo de mayor calidad y estabilidad en el empleo". Esa gestión de los sucesivos ejecutivos socialistas habría tenido “unas consecuencias devastadoras para nuestra tierra", debido a "un modelo de gobierno absolutamente lesivo para el interés general".

Mirar para otro lado

Ese mirar para otro lado a la hora de tomarse en serio la recuperación de un dinero que se da por defraudado no es exclusivo de los políticos de la oposición.

De hecho, una de las paradojas procesales de la macrocausa de los ERE es que a los responsables políticos acusados de malversación pese a no haber gestionado los fondos les han sido impuestas fianzas millonarias para asegurar la recuperación de los millones defraudados –741 según el fiscal y 855 según el juez instructor–, mientras que a los efectivamente beneficiados por las ayudas ni se les ha reclamado que devuelvan lo cobrado ni han sido incluidos en la causa como beneficiarios a título lucrativo, que es la tipificación penal de quienes sin saberlo se lucran con un delito cometido por otros.