Las diferencias entre qué entiende la Justicia que es libertad de expresión y lo que es delito vuelven a la memoria estos días tras la condena a la tuitera Cassandra Vera por publicar varios chistes sobre el atentado de ETA a Luis Carrero Blanco, el jefe del Gobierno de Francisco Franco.

Muchos han vuelto la vista atrás y han recordado ejemplos en los que humillar a las víctimas del franquismo sale más barato, o gratis, que reírse de una víctima de ETA, por muy franquista que fuera.

Y en esa retrospección nos encontramos con el alcalde del Partido Popular de Baralla, en Lugo, Manuel González Capón, quien durante un pleno aseguró que “los muertos del franquismo será que se lo merecían”. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica intentó llevarle a los tribunales, acusándole de injurias por humillar a las víctimas de la dictadura.

Pero no fue a más: González Capón pidió disculpas y la Fiscalía General del Estado se negó a actuar, archivando el caso porque no había "elementos suficientes como para ejercer acciones penales o civiles".

Al margen de las acciones penales, el caso se saldó con unas pocas disculpas y cero responsabilidad política porque, a día de hoy, González Capón sigue siendo alcalde de Baralla.