UGT Andalucía no olvida titulares como este: ‘UGT metió intrusos en el ERE que pagó con subvenciones de la Junta’. Ayer volvía a rescatarlo en su web tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le daba la razón en su recurso contra una resolución de la Junta reclamando al sindicato la devolución de más de un millón de euros correspondientes al programa de orientación profesional Orienta de 2009.
No hubo delito
Así valoraba el sindicato la sentencia: "Hoy podemos reafirmar, porque así lo han corroborado los órganos judiciales, el desacierto de los que hacían referencia a la inclusión de intrusos en el programa Orienta 2009; hoy podemos reafirmar, porque así lo han corroborado los órganos judiciales, que ningún delito se cometió por parte de esta organización en el programa Orienta 2009".
Y añadía: "UGT-A ha sufrido una campaña sistemática de desprestigio por parte de algunos que han faltado a la verdad y a la presunción de inocencia, cuyos argumentos ahora se desmoronan".
Una causa general
El sindicato recordaba también que las diligencias previas fueron “archivadas en el mes de diciembre del pasado año, hecho este ignorado por todos aquellos que veían corroboradas sus informaciones con la sentencia de primera instancia, aun habiendo ejercitado nuestro derecho de rectificación”.
En su recurso, UGT-A había lamentado que existía una "causa general" contra el sindicato, pese a ser "uno de los 34 expedientes incoados", todo ello "en base a noticias sensacionalistas publicadas en los medios (...) que han dado lugar a una 'inquisitio generalista', determinante de una absoluta indefensión". El TSJA no comparte la tesis de la "causa general" contra el sindicato.
Reproche a la Junta
La sentencia del TSJA contiene un reproche severo a la Administración autonómica: recoge que la Junta ya había comprobado que la actividad se desarrolló efectivamente y que “el gasto que se dice ha sido adecuado y plenamente justificado, liquidando definitivamente la subvención", por lo que, en opinión del TSJA, "no resulta procedente que con posterioridad, más de dos años después, el Servicio Andaluz de Empleo inicie el llamado 'expediente de información reservada', dirigido a justificar que los gastos han sido correctos y acordes con la finalidad de la actividad subvencionada".
