No hubo menoscabo de fondos públicos, aunque sí falta de medios materiales y humanos para gestionar y controlar dichos fondos, así como “carencias de formación y experiencia" en el personal encargado de ello. Aunque estas deficiencias eran “muy evidentes, no se aportaron las soluciones necesarias para corregirlas", lo cual a su vez provocó que, "cuestiones que eran excepcionales se convirtieran en generalidad, como fue el caso de las resoluciones de exceptuación". Los titulares de la gestión de los fondos, residenciada en la Consejería de Empleo, "podrían haber sido más diligentes” y la responsabilidad de que no lo fueran es de quienes los nombraron: los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Estas son las principales conclusiones de la propuesta de dictamen del presidente de la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre las ayudas a la formación, el diputado de Ciudadanos Julio Díaz, que apunta directamente a ambos expresidentes como responsables políticos de un presunto fraude que la justicia todavía está investigando, aunque la pieza principal del caso en las que se investigaba a 24 altos cargos de la Junta ya ha sido archivada por la juez María Núñez.
Justicia y política
Igualmente, ayer se conocía que la Fiscalía Anticorrupción rechaza que Chaves y Griñán sean citados en calidad de investigados en la pieza judicial relativa a las ayudas –unos 33 millones de euros– recibidas por el grupo de empresas del exconsejero de la Junta Ángel Ojeda para dar formación a extrabajadores de la factoría gaditana Delphi.
No es improbable pues, que, de haberse conocido entonces ambas decisiones judiciales, el Parlamento hubiera desisitido de crear la comisión de investigación, nacida en plena vorágine de detenciones policiales en varias provincias andaluzas y con amplísima repercusión mediática. Hasta ahora, todas aquellas ruidosas detenciones de altos y exaltos cargos han quedado judicialmente en nada.
¿Cubrirse las espaldas?
El dictamen, que será sometido al criterio de la comisión de investigación, donde previsiblemente el PSOE se quedará solo, exculpa a la presidenta Susana Díaz, pero sostiene que Chaves y Griñán “son responsables” porque firmaron los nombramientos de los diferentes titulares de la Consejería competente durante el periodo investigado y porque a ambos les competía la dirección y coordinación de todas las Consejerías".
La prueba de cargo esgrimida por Julio Díaz contra los dos expresidentes es a un tiempo tan tenue y tan genérica que cabría interpretar que la formación naranja ha intentado, con la inculpación política de ambos, cubrirse las espaldas y contrarrestar los reproches que le vendrán desde el PP, Podemos e IU por no haber hecho también a Susana Díaz responsable político de lo sucedido.
Más responsables
El dictamen provisional pone especial énfasis en Chaves, pues durante su mandato se produjo el traspaso de las competencias en materia de empleo y formación para el empleo, es decir, "el periodo de inicio, planificación, impulso, aplicación y desarrollo de las políticas investigadas por esta comisión". Quien fuera presidente de la Junta durante casi 20 años fue quien nombró “a los titulares de las Consejerías competentes en materia de empleo a lo largo de su presidencia y su responsabilidad es 'in eligendo' e 'in vigilando' a lo largo de todos sus años de Presidencia”.
Además de Chaves y Griñán, el dictamen señala también como responsables políticos a todos los titulares de la Consejería de Empleo y de la Viceconsejería competente en materia de Formación Profesional para el Empleo, desde 2002 hasta el 4 de mayo de 2012, así como a todos los directores y delegados provinciales del Servicio Andaluz de Empleo y a todos los delegados territoriales de la Junta de Andalucía con competencias en Formación para el Empleo.
Las deficiencias
La propuesta de resolución formulada por el parlamentario de Ciudadanos incluye también en sus conclusiones estas deficiencias: dificultades organizativas; retraso en la comprobación y justificación de los expedientes de subvenciones, lo que llevó a "exceptuaciones masivas"; no seguimiento y evaluación de las acciones formativas; falta de control exhaustivo de las ayudas en todas sus fases; no comprobación, en determinados casos, de forma sistemática, en la fiscalización de la elegibilidad de los gastos; ausencia de criterios uniformes en todas las provincias para la concesión, justificación y revisión de las subvenciones; y falta de comprobación exhaustiva, en la fiscalización, de la elegibilidad de los gastos.
Recomendaciones
Entre el medio centenar de recomendaciones se exige al Gobierno de la Nación el desarrollo de la nueva ley de formación profesional para el empleo y a la Junta la tramitación de una Ley Andaluza de Formación profesional para el Empleo, que en la línea de la legislación básica estatal, recoja las singularidades propias de la Comunidad.
También se propone la realización de estudios previos rigurosos de las tendencias y necesidades del mercado laboral, de tal manera que la oferta de los cursos sea producto de dicho estudio, con la consiguiente comprobación y valoración real y efectividad de la empleabilidad; y la puesta en marcha de evaluaciones finales individualizadas.
Para poder afrontar con rigor y celeridad la verificación de la documentación justificativa aún pendiente y abordar con plenas garantías las nuevas convocatorias de subvenciones, el dictamen ve necesario la puesta en marcha inmediata de un plan de choque, con dotación de personal suficiente. También se propone, entre otras cuestiones, publicar en el Registro de Entidades de Formación para el Empleo la información relativa a las entidades que hayan sido sancionadas.
