Decía Winston Churchill que "la democracia es la necesidad de doblegarse, de vez en cuando, a las opiniones de los demás". Lo malo es que en este país, nuestros políticos han entendido el término doblegarse como bajarse los pantalones hasta que no quede ni rastro de dignidad. Y en esta ocasión no nos referimos a Rivera y su facilidad para cambiar de chaqueta, ni tampoco a los amores y desamores que esta temporada nos han dejado nuestros representantes políticos. Hablamos de la relación viciada, pervertida y tirana que mantienen los diputados con su propio partido.

Aunque nuestra democracia flaquea en múltiples y variados puntos, hoy hemos decidido abordar uno de gran importancia para todos los españoles: el sistema de partidos. Con una relevancia constitucional reconocida muy claramente en el artículo seis de nuestra Carta Magna, es uno de los artículos constitucionales más vapuleado por la mediocridad de la gente que forma los partidos políticos en nuestro país. A pesar de que por encima de la Constitución no hay ninguna otra ley, los partidos que nos representan son tan atrevidos de disponer de algo que se llama disciplina de partidos, unos fundamentos ocultos que ningunean a nuestra norma suprema.

Así se ríen los partidos políticos de la Constitución

Uno de los puntos de esa disciplina de partidos que más hartos estamos de ver -y cuya ilegalidad hemos normalizado de forma alarmante- es que los grupos parlamentarios (especialmente el Partido Popular y el Partido Socialista) castigan de forma severa cualquier actitud hereje que se aleje de las líneas principales de partido. Lo vimos cuando el ex senador Juan Morano (PP) decidió votar en contra de un terrible recorte de las ayudas al carbón para León en 2012, lo que iba en contra de lo que había marcado su agrupación. Morano se ganó un expediente sancionador y una suspensión cautelar de su militancia. Algo que también le ha ocurrido en varias ocasiones a Celia Villalobos o a Ángel Pintado, que votó en contra de la Ley de Reproducción Asistida con embriones.

No penséis que solo los partidos se mofan de nuestra Carta Magna. También lo hace su máximo representante, el Tribunal Constitucional.

Y es que, como decía Morano cuando salió dando un sonoro portazo del Partido Popular: "La disciplina es para el ejército". Y efectivamente, así es. Como recuerda la abogada y politóloga Aurora García Pérez para ELPLURAL.COM, además del mencionado artículo seis, nuestra Constitución dispone de otros artículos en los que incide en la libertad de los miembros de los grupos parlamentarios. El art. 79.3 recoge que "El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable". Es decir, reconoce que la competencia de los Diputados y Senadores para emitir su voto es estrictamente personal, no es delegable y NO están sujetos a mandato imperativo, como así afirma el artículo 67.2: “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”. 

Se podría decir entonces que el artículo 6, el 67.2 y el 79.3 están completamente pervertidos por el sistema de partidos actual, que incluso ha llegado a sancionar a miembros que se han equivocado al darle al botón. Pero no penséis que solo los partidos se mofan de nuestra Carta Magna. También lo hace su máximo representante, el Tribunal Constitucional, que en reiteradas ocasiones ha pasado por alto este insulto a la democracia porque lo ve "algo normal" (algo normal en España, querrán decir).

Como reconoce García Pérez, "la exclusión del mandato imperativo constitucional es incumplida de forma sistemática por la disciplina de los partidos políticos, organizaciones excesivamente burocratizadas que han hurtado la facultad más significativa al representante de los ciudadanos: su competencia para expresar bajo su responsabilidad política la decisión de su voto sobre las cuestiones que se debaten o se deberían debatir en las Cortes Generales, institución única en la que está representada la soberanía del pueblo". Una soberanía que, una y otra vez, vemos cómo la pervierten estas estructuras autoritarias con fines eminentemente partidistas y no por el bien común.

El Corralito de los Diputados

De esta forma, normas infraconstitucionales establecen un control férreo sobre la capacidad de libertad de voto de Diputados y Senadores. "Así las votaciones a cualquier cuestión, siempre están predeterminadas, con el consiguiente incumplimiento de control que debe ejercer el Parlamento sobre el Gobierno", explica García Pérez. "Todo se discute y se acuerda en los despachos, quedando para el hemiciclo la puesta en escena que se ofrece a los ciudadanos a través de los medios de comunicación. Todos los miembros del partido votan lo mismo; nadie vota en conciencia ni bajo su responsabilidad política a pesar de ser esta la capacidad que la Constitución les otorga".

Todos los miembros del partido votan lo mismo; nadie vota en conciencia ni bajo su responsabilidad política.

Y ahí está el problema. Partidos excesivamente burocratizados que monopolizan la actuación de los representantes políticos, junto con un sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas que maximiza la dominación del partido sobre los representantes y los Reglamentos de las Cámaras. Esto acentúa la dependencia de los parlamentarios respecto de sus grupos, lo que ha convertido al sistema político en un fraude democrático en el que la soberanía popular no tiene reflejo en ninguna institución del Estado.

"Al ciudadano se le hurta la posibilidad de elegir libremente a sus representantes; se le hurta la posibilidad de exigir explicaciones y responsabilidad política por el sentido del voto en cualquier iniciativa que se debata en las Cámaras; se le hurta la posibilidad de expresar su opinión sobre asuntos de especial trascendencia, como es a través del referéndum y sin embargo se le exige que vaya a votar a los parlamentarios no una vez, sino tantas como los partidos consideren si el voto expresado en las urnas no les gusta", explica García Pérez.

El pueblo debe decir NO a la dictadura de partidos

Hay un dicho popular que dice, "cuando el burro coge la linde, la linde se acaba, pero el burro sigue". Y eso es lo que hacen todos y cada uno de los políticos que han pasado por el poder desde que murió el tirano. En la transición se diseñó un sistema institucional que además de contrario a los principios democráticos más básicos, "se ha mostrado totalmente ineficaz para la estabilidad institucional, carencia de la que son responsables todo el arco parlamentario de cada legislatura. Las elecciones legislativas no deberían de ser el instrumento institucional para elegir Presidente de Gobierno. El Parlamento es la Asamblea Legislativa y el pueblo español ha decidido con su voto cuál debe ser su composición, le pese a quien le pese", matiza García Pérez. 

Y es que, en una democracia, el Presidente del Gobierno debería de ser elegido libre y y directamente por los ciudadanos españoles, con independencia de la composición del Parlamento. Según la abogada y politóloga madrileña, "cada uno tiene su función y entiendo que es contrario a la Constitución quebrantar la voluntad expresada por los votantes, quienes han elegido a sus representantes para que estos expresen su voto libre y responsablemente".

Solo con la libertad de voto de los representantes elegidos por el pueblo puede desbloquearse la situación actual. Para acabar con el fraude democrática, hace falta que el pueblo alce su voz contra la dictadura de los partidos.