El pasado 24 de marzo, ELPLURAL.COM, en exclusiva, informaba de la existencia de un informe de la Oficina Nacional de Investigación al Fraude (ONIF), organismo de la Agencia Tributaria, sobre los millones evadidos por Francisco Correa y su banda Gürtel. En el escrito, de una dureza extraordinaria, se apuntaba la necesaria colaboración del Banco Pastor, ahora Banco Popular, para llevar a cabo el blanqueo de casi quinientos millones de euros y se apuntaba a dos empresas, una con sede en Uruguay, Belfast Link, y otra en Argentina, EVES S.A., para llevar a cabo este proceso.

El reparto de más de 25 millones de euros

Así, la Hacienda Pública, en un informe oficial venía a reconocer la supuesta relación entre los dirigentes de la trama Gürtel y la banca ‘legal’ a través de empresas fraudulentas que utilizaban para mover el dinero y blanquearlo. Pero además, en ese informe, se apuntaba cómo estas empresas habían sido utilizadas por un gran número de personas con el mismo fin ilegal.

Ahora estamos en condiciones de relacionar estas empresas también con el que posiblemente fue el mayor pelotazo de la trama Gürtel, el llamado caso Arganda y esto, gracias a otro extenso y prolijo informe anterior (junio de 2015), de nada menos que 262 páginas, al que hemos tenido acceso, también realizado por inspectores de la ONIF, y en el que se analiza el rastro del dinero excedente producido por la ilegal operación urbanística.

En el caso Arganda, recodamos, se recalificaron y vendieron terrenos de titularidad pública que produjeron para los implicados más de 25 millones de euros de beneficios. De esta cantidad, al menos 12 millones quedaron en manos de Francisco Correa y los suyos, mientras el resto de los millones habrían sido beneficios extra para el constructor que resultó adjudicatario de los terrenos, Fernando Martín, propietario de MARTINSA, otro empresario asociado suyo, Manuel Salinas Lázaro, propietario de las empresas de muebles y equipamiento, SALGAR, y de un asesor de éstos, llamado Armando Mayo Rebollo.

Entramado de las empresas del Grupo Salinas relacionadas con el pelotazo de Arganda

En su investigación la ONIF apunta cómo supuestamente a través de empresas con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Ostara Services, y en Panamá, Fairway International, insertas en el conglomerado de empresas SALGAR (como se ve en el gráfico adjunto obtenido del documento oficial) se produjeron las transferencias de los millones de euros que acabarían en manos de Correa. En su informe, la Agencia Tributaria señala otras empresas también con sede en Panamá utilizadas por los implicados, como Castejón Investments.

A su vez en este informe se recogen hasta 37 referencias a la empresa con sede en Uruguay EVES S.A. y una docena de menciones a la argentina Belfast Link, que, como hemos apuntado utilizaron presuntamente Correa y decenas de otros empresarios para supuestamente blanquear capital con la colaboración del Banco Popular. Hacienda ha pedido al juez de la Mata, que ya tiene el listado de esos empresarios, que pida a los cuerpos especializados de Guardia Civil y Policía, con ayuda de Interpol, que investigue sus movimientos, así como que soliciten a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, que investigue a aquellas entidades bancarias, en principio apuntan a Banco Popular, que hayan incumplido con las obligaciones recogidas en las normativas antiblanqueo.