Cerca de seis mil millones de presupuesto, del que el 80% va destinado a gasto corriente; una deuda desbocada que alcanza los 6.500 millones y más de 15 millones de ciudadanos pendientes de sus en no menos controvertidas decisiones, son algunos de las cifras que acompañan a las diputaciones españolas, un mastodonte decimonónico que cumplen doscientos años y que, hoy por hoy, están controladas en el 70 por ciento por el Partido Popular, que lejos de hacerlas desaparecer por carecer prácticamente de competencias (recaudación de impuestos, parcheo de carreteras y poco más), pretende reforzarlas porque en ello le va la gestión de nada más y nada menos que 3.823 millones de euros.

La caja en manos de los barones
Cantidad suficientemente importante que el PP de Mariano Rajoy, expresidente de la diputación de Pontevedra (1983-86), ha puesto en manos de los presidentes provinciales del partido. De hecho, de las 27 diputaciones que controla en la actualidad (España cuenta con 38 entes provinciales en régimen común y 3 de régimen foral), 21 están presididas por los barones territoriales del partido, en cuya mano se encuentra repartir nada más y nada menos que 3.823 millones de euros, montante que contrasta, y de qué manera, al presupuesto que controlan los socialistas, que apenas supera los mil millones de euros en las siete diputaciones que presiden.

Diputaciones del PP que se heredan…
Y es que el PP siempre ha encontrado en las diputaciones el lugar idóneo para tejer una vasta red caciquil y clientelista, que ha llevado incluso a traspasar la presidencia de padres a hijos, como si estos organismos fueran patrimonio familiar y se pudieran heredar. Ahí están los casos de Ourense, donde el gran capo José Luis Baltar, actualmente imputado por un delito continuado de prevaricación en relación a 104 contratos firmados en enero de 2010, “porque contrato a quien me da la gana”, llegó a decir, pasó los trastos de la diputación a su hijo Manuel Baltar, que como no puede ser de otra forma lleva también las riendas del PP en la provincia. Pero tal vez sea el caso del imputado Carlos Fabra, presidente de la diputación de Castellón desde 1995 a 2011, el más esperpéntico y caciquil puesto que la familia Fabra ha contado con siete de sus miembros como presidentes, entre ellos el padre del otrora gran capo del PP castellonense.

…Diputaciones del PP endogámicas…
Pero no solo se heredan, las diputaciones del PP sufren una preocupante endogamia, que, eso sí, por decisión popular no cambian de color político pase lo que pase en el panorama nacional. Tal es el caso de Castilla y León, donde el partido de la gaviota lleva gobernando en las nueve diputaciones provinciales desde el principio de los tiempos. 782 millones de euros que los presidentes del Partido Popular, todos ellos en nómina en los entes provinciales, reparten a su antojo y de forma subjetiva, aunque es Andalucía, con 1.181 millones, la “gran banca provincial” del PP.

…Diputaciones del PP con acumulación de sueldos y cargos
No conformes con obtener importantes beneficios o distribuir a su libre albedrío puestos de trabajo muy bien retribuidos (ver diputaciones de Zaragoza y Teruel), algunos de sus presidentes “coleccionan” cargos y sueldos públicos, claro está, Tal es el caso de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, con una acumulación de 12 retribuciones, o del presidente de la entidad toledana, Arturo García-Tizón, que no conforme con presidir la diputación, concejal, presidente del PP provincial y diputado nacional por esa provincia, también preside la importante comisión parlamentaria Constitucional. Todo ello le reporta unos ingresos superiores a los 115.000 euros, bastante más que el presidente del Gobierno.

…Diputaciones del PP, nido de imputados…
Endogamias, herencias políticas y administración de dineros públicos que en no pocas ocasiones llevan o han llevado a los presidentes de las diputaciones del PP a sentarse en el banquillo de los acusados. A los referidos José Luis Baltar (expresidente de Ourense) y Carlos Fabra (expresidente de Castellón), hay que sumar otros tantos, como por ejemplo: Diputación de Almería, donde la fiscalía ha decido ampliar la investigación que ya mantenía e incorpora una denuncia sobre una supuesta trama societaria en torno a familiares y amistades de Gabriel Amat Ayllón, alcalde de Roquetas, presidente de la Diputación y presidente del PP provincial. Diputación de Ávila, con su presidente Agustín González (PP) imputado por el caso Bankia. Diputación de Segovia, con su ex presidente Atilano Soto (PP) también imputado por el caso Bankia. Diputación de Alicante con su ex presidente Joaquín Ripoll (PP) imputado por el caso Brugal. Diputación de Valencia con su ex presidente Enrique Crespo (PP) imputado por el caso Emarsa…

Acechadas por la corrupción
Con estos negros precedentes, y que son sólo algunos ejemplos de lo que sucede en las diputaciones, desde la Liga Anticorrupción advierten que la corrupción aumentará con esta reforma local y que se pondrá en manos de gestores que en su mayoría están manchados de casos de corrupción la gestión de servicios que podrían afectar a más de 5.000 municipios. En este sentido, UPyD tacha a las diputaciones de “nido de opacidad y de corrupción”, al mismo tiempo que recuerda que "son la única administración cuyos miembros no son elegidos por los ciudadanos”