Con la caída de Reyal Urbis definitivamente se pone fin a un época en la historia reciente de España, la del boom del ladrillo que provocó récords: en España se construían más viviendas que en Alemania y Francia juntas (que suman 100 millones de habitantes) y eso provocó  que en España se creara más empleo que en media Europa junta, a su vez provocó una avalancha de inmigrantes jamás conocida en nuestro país acostumbrado al efecto inverso (la emigración). Provocó también que millones de españoles se hipotecaran y que los bancos concedieran hipotecas con dinero que no tenían y que pedía prestado en el exterior. El estallido de esa burbuja ha dejado al país arrasado.

Concurso de acreedores
Reyal Urbis ha anunciado que solicitará el concurso voluntario de acreedores (suspensión de pagos) al no haber alcanzado un acuerdo con  para refinanciar los 3.600 millones de euros que debe. Es la segunda mayor suspensión de pagos  de la historia española, solo superada por la de otra empresa inmobiliaria, Fadesa, con 7.600 millones de euros de deuda. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha suspendido la cotización de Reyal Urbis, cuyas acciones se cotizaban a 0,124 euros y que la semana pasada sufrió un desplome de un 30%.

Deudas con Hacienda y el banco malo
La inmobiliaria tiene una deuda de 707 millones de euros con el 'banco malo' correspondientes a préstamos solicitados a entidades bancarias que eran de dudoso cobro y que después de la suspensión de pagos son de cobro prácticamente imposible. Además debe 400 millones a la Agencia Tributaria y 215 millones al Instituto de Crédito Oficial.

Pero la deuda más importante la tiene con el grupo Santander, entidad financiera a la que debe 530 millones de euros a los que hay que sumar otros 300 millones de Inveryal, una sociedad patrimonial de Rafael Santamaría, presidente de Royal Urbis. Además en el listado de acreedores figuran también el fondo de inversión Appaloosa, el Banco Popular, Caixa Geral y BBVA entre otros.

Más de 400 trabajadores
La inmobiliaria da trabajo a 420 personas, de las que 137 están en la actividad inmobiliaria y 283 en la hotelera. A  pesar de la suspensión de pagos, el presidente de Royal Urbis confía en mantener su actividad y en un comunicado que ha difundido asegura que  presenta el concurso voluntario de acreedores "para garantizar la continuidad de la empresa y preservar los intereses de los clientes, proveedores, acreedores, accionistas y empleados de la compañía".