"La sanción administrativa a la que se hace referencia -responde el Gobierno a Llamazares- tiene como objeto concienciar del deber de cumplimiento con la normativa vigente y de colaboración con los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya misión es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana".
"Garantizamos el derecho de manifestación"
En dicha respuesta, el Ejecutivo de Rajoy dice no criminalizar las manifestaciones sino que "cumple y hace cumplir el mandato constitucional de garantizar el derecho de manifestación, que no suspende, sino que concurre con el resto de los derechos contenidos en nuestra Norma Fundamental".
Identificación de manifestantes
"Por lo tanto -apostilla-, ningún miembro del Gobierno ha estigmatizado o criminalizado reunión o manifestación alguna". El Gobierno también avala que la Policía identifique masivamente a los manifestantes y asegura que "se ciñe estrictamente" a las previsiones recogidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.