Alberto Ruiz Gallardón tiene ya un récord: es el primer ministro de Justicia de la Democracia que ha unido a todos los sectores del mundo del Derecho y la Justicia en su contra. Jueces, fiscales, abogados, sindicatos y consumidores se oponen rotundamente al "tasazo" que ha impuesto el ministro y que acaba con el concepto de justicia para todos, ahora sólo habrá Justicia para quien se la pueda pagar. Pero la obsesión de Gallardón por crear nuevos impuestos y cobrar por todo va camino de convertirle en plusmarquista mundial también de las privatizaciones. Ahora quiere privatizar el Registro Civil, y se lo quiere dar al Colegio de Registradores de la Propiedad sin que haya concurso público. Curiosamente Mariano Rajoy es, de profesión, registrador de la Propiedad.
A pagar, a pagar y a pagar
Gallardón ya tiene listo el anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, que el Gobierno quiere aprobar en Consejo de Ministros de forma inminente, y estipula que el registro Civil, el registro de la Propiedad o el registro Mercantil dejarán de ser servicios públicos y pasarán a ser gestionados por una entidad privada. Y eso implica que habrá que pagar un nuevo arancel por solicitar, por ejemplo, un certificado de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, nacionalidad etc, etc.
Un negocio más para los registradores de la Propiedad
Los registradores de la Propiedad son un colectivo que goza de importantísimos privilegios porque mantiene el monopolio sobre una serie de actividades en las que además cobran lo que quieren por poner una firma en un documento oficial. Desde la Unión Europea se ha urgido a España, y se le obliga en varias directivas, a acabar con los monopolios abusivos de varios colegios profesionales como condición imprescindible para liberalizar nuestra economía y hacerla más competitiva. Nada de eso ha hecho el Gobierno del PP, que presume de 'liberal', y ante el decreto de Gallardón la conclusión es que quiere darles más poder y más negocio.
La excusa del ahorro
El anterior Gobierno de Zapatero aprobó una Ley para la digitalización del Registro Civil, incluida en el programa de modernización de la administración, con la que se pretendía que los ciudadanos pudieran obtener los certificados a través de internet y, por tanto, sin desplazarse. El Ministerio de Justicia calcula que el presupuesto para dicha modernización es de 300 millones de euros y que debido a la crisis no hay dinero en los Presupuestos. La 'solución Gallardón' es privatizar el registro adjudicándoselo a dedo a los registradores de la propiedad que pagarían los 300 millones para digitalizar el Registro Civil y cobrarían a los ciudadanos.
Se quita autoridad a los jueces y se la da a los registradores
En cuanto se apruebe, los jueces ya no tendrán competencia alguna y serán sustitudos por los registradores de la propiedad. El texto de privatización de los registros obligará a que todos los trámites se hagan primero por la oficina on line (internet), y ya por ese trámite habrá que pagar, después habrá que hacerlo otra vez por el documento que se pida.
El lobby de los registradores
Si Gallardón se atreve, no ya a privatizar los Registros, sino a adjudicarlos a dedo a los registradores de la propiedad, va a tener que responder a muchas preguntas sobre la influencia de este colectivo en el PP y en el Gobierno. Mariano Rajoy es registrador de la propiedad con plaza en Santa Pola (Alicante) -aunque obviamente está en excedencia-, pero además un hermano del presidente del Gobierno, Enrique Rajoy, también es registrador de la Propiedad. Pero hay más, dos altos cargos del Ministerio de Justicia, curiosamente el director y el subdirector general de los Registros y del Notariado, Joaquín Rodríguez y Javier Vallejo respectivamente, también son registradores de la Propiedad.
