Ambos hechos son lamentables pero lo más preocupante es que son una secuencia y la amenaza de que cunda el ejemplo.

Representan por un lado la deriva de algunos gobiernos latinoamericanos hacia el populismo nacionalista que han encontrado en el “neocolonialismo económico español” el perfecto chivo expiatorio.

Pero también expresan la debilidad española, una pérdida de respeto a nuestro país que, cada vez se hace más evidente, pierde peso en el mundo.

La actitud del gobierno español ha pasado de las amenazas previas en el caso argentino y del “se van a enterar” cuando el hecho se consumó, expresado de forma chulesca por Soraya Sáenz Santamaría, José Manuel García Margallo y José Manuel Soria, a la falsa constatación de que la expropiación boliviana no nos afecta.

Sin embargo lo que ha ocurrido en Cochabamba es más peligroso de la ocupación bonaerense. Ciertamente el valor de lo expropiado a las respectivas compañías aludidas no es comparable pero en el caso boliviano se da la circunstancia de que Red Eléctrica Española es una empresa de control estatal, forma parte del patrimonio de todos los españoles.

La versión de que ambos casos no tienen nada que ver no es inocente, responde a una estrategia gubernamental discutible.
El Gobierno ha constatado, sin hacer por ello la debida autocrítica, que la sobreactuación con el gobierno de Cristina Kirchner no podía extenderse al ámbito latinoamericano sin caer en una imagen de impotencia e incluso de ridículo.

Una desgracia como la sufrida por Repsol-YPF tiene una importancia limitada pero cuando la historia se repite con pocos días de diferencia amenaza con convertirse en epidemia.

De extenderse el ejemplo la economía española podría sufrir un duro golpe pues, como es sabido, nuestras “multinacionales” , petroleras, eléctricas, gasistas, bancarias o de servicios, salvan su cuenta de resultados, muy deteriorados en el deprimido mercado español, por sus inversiones en Latinoamérica.

Hay que reconocer que el Gobierno lo tiene difícil y que ningún español de ley debe alegrarse de su debilidad pero lo que el ciudadano tiene derecho a exigir es que se le cuente la verdad y que no se le intoxique con mensajes edulcorados.

José García Abad es periodista y analista político